En la presentación del libro Las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema acusatorio penal, Lucha Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y abogada en el caso de Rubí Frayre, hija de la defensora Marisela Escobedo, destacó que en el juicio se cometieron muchas irregularidades en las investigaciones y los jueces hicieron una evaluación errónea de las pruebas. Por ello, apuntó, en el proceso de casación se revirtió la sentencia absolutoria al asesino de Rubí.

Denunció que la hija de Rubí, Heidi, se encuentra detenida en Estados Unidos, y las autoridades migratorias, mientras evalúan la solicitud de asilo que pidieron los hermanos de la joven, fue enviada a un albergue y las autoridades mexicanas, federales y estatales, no han hecho nada para rescatarla y saber qué pasó con ella.

Anunció que este fin de semana se iniciará una campaña nacional e internacional, mediante redes sociales, para que las autoridades mexicanas se movilicen en favor de los hermanos y la hija de Rubí.

Castro, quien también llevó varios casos de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, enumeró algunas irregularidades en las investigaciones: “Cuando Marisela Escobedo –madre de Rubí y defensora asesinada en diciembre pasado– intentó denunciar la desaparición de su hija, las autoridades se negaron aceptar la demanda. Este no es un caso aislado. Hace 13 meses otra madre fue a denunciar la desaparición de su hija de 13 años y la procuraduría se negó a aceptar la queja, porque no llevaba fotografía”.

Abundó: Luego de que la fiscalía aceptó la denuncia, en el expediente no hubo evidencia de las pesquisas o acciones de la procuraduría u otra autoridad para buscar a la víctima. Ninguna autoridad actuó. Ni federales, ni estatales ni municipales.

El trabajo del Ministerio Público fue deficiente. Hubo seis durante la investigación, lo que limitó el seguimiento. La madre de Rubí encontró a los testigos y los llevó a declarar, y los agentes no aplicaron técnicas de entrevistas ni los ministerios públicos obtenían más datos, resaltó.

Los jueces, en el juicio oral, conocieron los testimonios de que Sergio Rafael Barraza había asesinado a Rubí, y pese a que eran creíbles no corroboraron si los restos encontrados en el lugar señalado por el homicida eran de Rubí. Simplemente se dijo que como ninguno de los testigos presenció el ataque, las pruebas no tenían valor probatorio.

Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico e investigador, expresó: Ante la denuncia del padrastro de Sergio Rafael, de que le había dicho que asesinó a Rubí, la policía actuó fríamente. Acudieron al domicilio, y como dicen que no encontraron señales de violencia, no investigaron, pero multaron al acusado y lo detuvieron 36 horas. ¿Por qué, o bajo qué cargos?

El juicio exhibió al presidente Felipe Calderón, quien dijo que los jueces del caso fueron muy formalistas. Dejó caer todo el peso en los jueces, pero hubo fallas de todos: policías, Ministerio Público y jueces.

También se exhibió al gobernador de Chihuahua, con su poder metaprocesal.

El director del Centro de derechos Humanos Miguel Pro Juárez, Luis Arriaga, al comentar el libro expresó que es un estudio valioso por ser uno de los primeros en evaluar logros y obstáculos del sistema de justicia acusatorio y adversarial aplicado integralmente en Chihuahua. Resulta pertinente, porque llama nuestra atención sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género dentro del sistema.