La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe negar el amparo al grupo de intelectuales que presentó una demanda en contra de la reforma al artículo 41 constitucional, que facultó exclusivamente al Instituto Federal Electoral (IFE) para contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en el voto ciudadano.

Establece lo anterior el proyecto de dictamen que discutirá el pleno de ministros a partir del próximo lunes.

El documento fue elaborado bajo la ponencia del ministro Juan N. Silva Meza y retomado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien heredó los asuntos de aquél cuando asumió la presidencia de la Corte el pasado 3 de enero.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, se espera una intensa discusión sobre el tema, en cuanto a la posibilidad de que los ministros puedan determinar o no cuándo una reforma constitucional aprobada por el Congreso y avalada por las legislaturas locales puede ser revisada por la SCJN. Pero se prevé que finalmente, la mayoría niegue el amparo.

Y es que, además del voto en contra de Silva Meza y, posiblemente, de Ortiz Mayagoitia, quien hizo suyo el proyecto, hay tres ministros que desde que la Corte admitió los recursos se manifestaron opuestos a la procedencia del amparo en contra de una reforma constitucional. Así, habría al menos cuatro de 10 votos por negarle la razón a los quejosos.

Votación de septiembre

El pasado 29 de septiembre, la Corte avaló por seis votos contra cuatro la posibilidad de presentar amparos en contra de una reforma constitucional. De estos cuatro, tres integran el pleno actual: Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Sergio Valls, quienes argumentaron que por muy plausibles que fueran las razones para revisar los procedimientos de reforma, la Corte no podía extralimitarse en sus funciones.

Además, Genaro Góngora Pimentel, quien votó a favor de la procedencia del amparo, pasó a retiro (su lugar lo tomó Arturo Zaldívar).

El proyecto plantea que la Constitución mexicana no prevé –como las constituciones de otros países sí lo hacen– la existencia de artículos constitucionales blindados o que no puedan ser modificados bajo ninguna circunstancia. Tampoco señala expresamente que las garantías fundamentales no puedan ser afectadas.

El documento niega el amparo basado en que el proceso de aprobación de la reforma se apegó a lo establecido en el artículo 135 constitucional.

Dicho artículo señala que se requiere que el Congreso de la Unión acuerde con las dos terceras partes de los individuos presentes la reforma o adición, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de legislaturas de los estados; después el Congreso o la Comisión Permanente hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de que fueron aprobadas las reformas.

El proyecto señala que la reforma impugnada cumplió con esas formalidades.

Dado lo complejo de la discusión, fuentes judiciales no descartaron que el pleno aborde en algún momento el tema de fondo. Los quejosos consideran que el artículo 41 altera los valores superiores del régimen democrático deliberativo y el consecuente derecho humano de libre asociación, porque los obligan a asociarse a un partido político para poder expresarse a través de los medios masivos de comunicación. Esto, cuando la Constitución prevé tanto el derecho a asociarse, como el derecho a no asociarse.

Funcionarios consultados comentaron que si la discusión llegara a este punto, por primera vez en la historia moderna la Corte tendría que dilucidar qué derechos constitucionales deben prevalecer sobre otros, lo cual, enfatizaron, es inaceptable.

La discusión llevaría a una colisión de trenes para definir qué debe prevalecer: el derecho a la libre asociación, como lo plantea el amparo, o el derecho a la equidad en las contiendas electorales, que fue la base de la reforma constitucional de 2007.

Hasta ahora los ministros han evitado entrar a este tipo de debates.

Se espera que la discusión del asunto empiece el próximo lunes.