La Comisión Permanente solicitará al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, que rinda un informe detallado sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar el tráfico de armas, ya que se ha convertido en un problema de seguridad nacional.

La petición la formuló ante ese órgano legislativo el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, quien denunció que de manera conservadora se estima que hay 15 millones de armas ilegales en el país. Y contra lo asegurado por la Procuraduría General de la República (PGR), dijo, su ingreso no es por la vía del contrabando hormiga, sino que hay grupos del crimen organizado dedicados a esa infame actividad con puntos de venta en todo el territorio.

Sostuvo que ese contrabando está fuera de control, ya que el gobierno de Estados Unidos y el de Felipe Calderón no adoptan medidas efectivas para frenar ese problema y las armas ingresan todos los días por la frontera norte y llegan a secuestradores, narcotraficantes y sus grupos de sicarios.

Se responsabiliza al gobierno de Estados Unidos de permitir ese comercio ilegal, pero aquí tampoco hay medidas para atacarlo a pesar de que son de sobra conocidos los puntos de venta de armamento de alto poder, incluido el de uso exclusivo del Ejército, insistió Monreal.

Expuso que el barrio de Tepito se ha convertido “en el arsenal donde se abastecen los cárteles del narcotráfico y ahí se puede obtener todo tipo de pertrechos”.

Puso de ejemplo que una pistola calibre nueve milímetros limpia, es decir, nueva, se consigue en Tepito por 12 mil pesos, y las de asalto, como AK-47, por 15 mil.

Estas últimas, al igual que las granadas, sólo se obtienen por pedido. Señaló que otros puntos de venta de armas conocidos en el Distrito Federal están en la colonia San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo A. Madero, y en las colonias Vicente Guerrero, El Molinito y Los Pozos de Iztapalapa. Además, en las zonas conocidas como Torre Blanca y Legaria, en la Miguel Hidalgo.

El comercio ilegal de armamento en otras entidades y en la frontera norte también es conocido, pero las autoridades poco hacen para cerrarlos y proceder penalmente contra los que se dedican a esa actividad ilícita.

Agregó que, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, la población ha optado por tener de manera legal un arma para su protección, lo cual eleva los niveles de violencia.

Expuso que del total de armas registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 40 y 45 por ciento –casi un millón 400 mil– están en manos de civiles, 25 por ciento son manejadas por personal de seguridad privada y el resto por corporaciones de seguridad pública.

Monreal propuso ante la Permanente –en la sesión del jueves pasado– que se pida un informe al titular de la PGR sobre las acciones que lleva a cabo el gobierno federal para erradicar el tráfico de armas. Espero que el punto de acuerdo se dictamine lo antes posible, ya que es un problema que no puede esperar, comentó.