Faltan defensores y traductores en sus lenguas, expone diputado
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 17
Al menos 8 mil indígenas siguen presos en el país, parte de los cuales siguen sin recibir sentencia debido a la falta de defensores y traductores que dominen las lenguas de los detenidos, dijo el diputado Héctor Pedraza Olguín.
Apuntó que en la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la República sólo hay 25 profesionales hablantes de una lengua indígena, y en los gobiernos de los estados con alto porcentaje de población indígena, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, entre otros, no hay más de cinco. Esa carencia ha impedido que los detenidos tengan una buena defensa.
Por ello, propuso que se adicione un párrafo al artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para incentivar la profesionalización de los defensores de los indígenas en universidades que impartan la carrera de derecho, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Al comentar que este domingo se celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna, el legislador mencionó que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades, entre ellos detención arbitraria, fabricación de pruebas, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.
Pasan años en las cárceles preventivas y en general los juicios son también interminables. Los anuncios oficiales de liberación de cientos de indígenas son más montajes mediáticos en respuesta a calendarios cívicos, pues no hay un seguimiento contundente de los casos; prevalece la exclusión y el sectarismo
.
El también secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara dijo que para el actual gobierno de derecha, los indígenas no son una prioridad en su agenda
, pero confío en que el personal de instituciones vinculadas con los indígenas, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cumpla con el mandato constitucional. De lograrlo, en pocos años 50 por ciento de los presos indígenas serían sujetos de justicia.