oy hace cuatro años, una explosión ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, cobró la vida de 65 mineros que quedaron atrapados en el yacimiento. El saldo del episodio va más allá de esas irreparables muertes y del sufrimiento de los deudos de las víctimas: en todo este tiempo, el país ha asistido a la demostración, como uno de los signos de continuidad entre las dos administraciones federales panistas, de un empleo sistemático y faccioso del poder público en defensa de los intereses empresariales.

Como han señalado los deudos y diversas organizaciones sociales y humanitarias, lo ocurrido en Pasta de Conchos pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su obligación de prevenir, o en su caso sancionar, la cadena de negligencias e incumplimientos a las normativas de seguridad laboral cometidos por Grupo México, propietario de la mina siniestrada.

Al respecto, cobra especial relevancia la evidencia documental de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había detectado, 19 meses antes de los hechos, una treintena de irregularidades que ponían en riesgo la salud y la vida de los obreros en Pasta de Conchos y, sin embargo, fue hasta siete meses antes del accidente cuando exigió a la compañía que realizara las adecuaciones correspondientes en el yacimiento, las cuales, de cualquier forma, no se efectuaron.

En los días posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las indignantes condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal en la tragedia. En el colmo de la indolencia y la irresponsabilidad, el entonces presidente Vicente Fox llegó a afirmar, cuando ya resultaba innegable que los trabajadores estaban muertos, que continuaban los trabajos de rescate para abastecerlos de oxígeno y de alimentos, y el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, señaló que las condiciones de seguridad en la mina eran excelentes hasta antes de la explosión, en un intento inaceptable por otorgar una exculpación anticipada a la compañía propiedad de Germán Larrea.

Pero el agravio y la infamia en contra de los mineros fue más allá, el gobierno foxista aprovechó la coyuntura para emprender una ofensiva en contra del sindicato minero y su dirigencia, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, quien criticó abiertamente la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos. En respuesta, el foxismo, que hasta entonces había mantenido buena relación con el líder minero, resucitó viejas y conocidas acusaciones en contra de Gómez Urrutia por presunto desvío de fondos e inició una campaña de acoso judicial en su contra, además de una injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, al grado de pretender imponerle, por conducto de la STPS –entonces a cargo de Francisco Salazar Sáenz–, una dirigencia espuria.

Con el tránsito del foxismo al calderonismo no sólo no se revirtió el empecinamiento oficial en contra de los mineros y su sindicato, sino que se recrudeció: así lo demuestra la persistencia del acoso judicial en contra del dirigente máximo del gremio y la ofensiva emprendida, a instancias del actual titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, contra la huelga que la sección 65 del sindicato mantiene desde julio de 2007 en la mina de Cananea, Sonora. Por añadidura, la cruzada antisindical del calderonismo se ha ampliado hacia otros gremios, como actualmente puede observarse con el acoso en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y con el designio gubernamental de extinguir, vía decreto, al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, privando así a la organización de su materia de trabajo.

Según puede verse, el gobierno de Felipe Calderón se empeña en llevar a un nuevo nivel la premisa neoliberal: para que un país sea atractivo para los capitales foráneos es necesario adoptar medidas en perjuicio de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales. Resulta obligado preguntarse si a ello se refería el michoacano cuando hace unos días, en el contexto de su visita a Davos, Suiza, garantizó a ejecutivos de empresas trasnacionales que su gobierno seguirá impulsando la competitividad y la certidumbre jurídica en el país, a efecto de atraer inversiones.

La tragedia que hoy se conmemora constituye, pues, un punto de inflexión a partir del cual se han degradado profundamente las condiciones laborales en el país, se ha pervertido el ejercicio del poder público en beneficio de los intereses del capital y se ha generado, en suma, un panorama de incertidumbre y zozobra crecientes para los asalariados y sus familias.