La comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (SG), Blanca Heredia, dijo que aun cuando esa dependencia no promueve ninguna iniciativa de ley que ataque o impugne las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hay un problema empírico concreto: el hecho de que un funcionario público se vea obligado por una resolución del IFAI a entregar una documentación que otra disposición legal le impide difundir.

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM Pedro Salazar advirtió que ante una circunstancia de esa naturaleza no hay confusión, pues por encima de cualquier norma secundaria se encuentra la Constitución mexicana, que establece en su artículo 6 la máxima publicidad de la información oficial.

Al respecto, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, sostuvo que entre los funcionarios públicos federales se aprecian resistencias a someterse al principio constitucional de máxima publicidad.

Es un hecho, dijo, que muchos funcionarios de la administración pública federal (APF) todavía no alcanzan a comprender que el acceso a la información es un derecho fundamental; que la transparencia es útil para mejorar la calidad de la propia gestión pública y que la información no es suya: pertenece a las personas.

Peschard calificó como improcedente que autoridades federales intenten impugnar las resoluciones del IFAI, por varias razones, entre ellas, que se consideran al mismo nivel que el titular del derecho a ser informado por el gobierno; convierten la transparencia en una mera política simbólica, además, no puede haber controversia constitucional entre el IFAI y las dependencias sobre la entrega de la información.

El investigador del IIJ de la UNAM John Ackerman advirtió sobre la importancia de fortalecer al IFAI, ante la reiterada negativa de algunas dependencias federales (en particular, de la Procuraduría General de la República) a cumplir las resoluciones de ese órgano garante de la transparencia.

“Es indispensable fortalecer el acatamiento de las resoluciones del IFAI, el cual es un ombudsman garante del acceso a la información. Sus resoluciones son el equivalente a una recomendación (de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), por lo cual hay que hacer algo para evitar que en un momento dado haya una rebelión generalizada de la administración pública federal”.

Lo anterior se expuso en las mesas de trabajo del foro Retos para la consolidación del derecho de acceso a la información: diseño y atribuciones del órgano garante a nivel federal, coordinado por los investigadores Sergio López Ayllón y Pedro Salazar, en el IIJ de la UNAM.