El alcalde panista de Mérida, César Bojórquez Zapata, aseguró que en una clara maniobra oportunista y electorera, la gobernadora de Yucatán, la priísta Ivonne Ortega Pacheco, recortó 56 millones de pesos a las participaciones federales del ayuntamiento, lo cual le impedirá realizar obras en zonas marginadas.

Bojórquez Zapata sostuvo que para 2010 al ayuntamiento que encabeza le correspondían 162 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal del Ramo 33. Indicó que en su solicitud de recursos a la Federación para los 106 municipios de la entidad, el gobierno de Yucatán sólo incluyó 106 millones de pesos del ayuntamiento capitalino, y por razones políticas recortó 56 millones, los cuales se entregarán a comunidades rurales cuyos alcaldes pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto no tiene otro fin que privar a las autoridades de Mérida de realizar obras públicas en beneficio de la gente pobre de la ciudad, y de paso hacernos pasar por villanos. La gobernadora apuesta a que los meridanos pobres apliquen un voto de castigo al Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones del 16 de mayo y favorecer a sus candidatos a la alcaldía y a las diputaciones estatales, dijo el edil.

La mandataria quiere una Mérida de rodillas para apoyar a su abanderada a la alcaldía, Angélica Araujo Lara. No se vale jugar con las necesidades del pueblo, dijo el panista.

Ordenan al Congreso de Chiapas llamar a elecciones

En tanto, el Congreso de Chiapas recibió este miércoles una notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena que se celebren elecciones de presidentes municipales en 2010 y se entreguen a los partidos políticos las prerrogativas a que tienen derecho en año electoral.

El secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, anunció que el gobierno estatal acatará la resolución de la SCJN, aunque esto generará conflictos económicos serios, pues implicará erogar casi 500 millones de pesos, lo que obligará a suprimir obras prioritarias para el estado.

Con el argumento de que se ahorrarían cerca de mil millones de pesos, el Congreso de Chiapas aprobó el año pasado reformas que cancelaban las elecciones en 118 ayuntamientos, pero la SCJN determinó el lunes que los comicios deben llevarse a cabo en lugar de nombrar concejos municipales, como acordó la Legislatura local.

En tanto, el abogado Horacio Culebro Borallas, quien fungió como quejoso para que la Procuraduría General de la República interpusiera ante la SCJN la acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral recién dictaminada, fue detenido ayer por la Procuraduría de Chiapas y presentado como testigo en las pesquisas sobre el homicidio del líder ambientalista Mariano Abarca, opositor a la industria minera, perpetrado el 27 de noviembre anterior. Por ese mismo asesinato está arraigado el priísta Walter León Montoya.