Monterrey, NL, 17 de febrero. El juez tercero de distrito en materia administrativa, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, desechó una denuncia contra cuatro funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a quienes se solicitaba destituir y procesar penalmente por promover recursos contra la construcción del fraccionamiento Valle de Reyes, que incluye un campo de golf en el Cañón de la Huasteca, municipio de Santa Catarina.

La denuncia involucra a Ernesto Enkerlin, comisionado nacional de la Conanp; a la ex directora de asuntos jurídicos, Alejandra Rabasa Salinas; al director del parque nacional Cumbres de Monterrey, Fernando Seriñá Garza, y al director jurídico en Saltillo, Ernesto Nájera Hernández.

Lourdes Bello Sánchez, enlace jurídico, y Fernando Seriñá Garza, director del parque nacional Cumbres de Monterrey, señalaron que la resolución sienta un precedente en favor de las áreas naturales protegidas del país y en particular de esta reserva federal de 177 mil hectáreas –la más grande de la República–, pues permite a los funcionarios actuar legalmente en favor de los ecosistemas, estén o no en un área protegida, sin miedo de ir a la cárcel.

Seriñá Garza explicó que mediante un amparo promovido por la inmobiliaria Dos Carlos el 20 de julio de 2001, la zona Valle de Reyes quedó fuera del decreto del parque nacional, pese a que sus 2 mil 394 hectáreas están rodeadas por 177 mil hectáreas del parque.

Aseveró que 50 por ciento del agua que abastece la zona metropolitana se genera en el parque nacional y en la Huasteca, y Valle de Reyes es parte importante de esa fábrica de agua. Por ello, si se establece ahí el fraccionamiento Valle de Reyes permitiremos que 5 mil familias defequen sobre el agua que consumen cuatro millones de personas en el área conurbada.

Seriñá Garza consideró que la maniobra que intentó el abogado Federico Manuel Fernández García –en nombre de Banorte, administrador del predio a urbanizar mediante un fideicomiso en el cual también participan Inmobiliaria Don Carlos y Maple Urbanizadora–, fue un acto desesperado y sobredimensionado, pues pretendía que terminaran en la cárcel funcionarios que defienden el medio ambiente.

Lourdes Bello recordó que el 28 de octubre de 2006 –a tres días de terminar su gestión– el ayuntamiento de Santa Catarina aprobó el Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca 2006-2030, mediante el cual se permitía urbanizar ilegalmente el cañón de Ballesteros para desarrollar el fraccionamiento Valles de Reyes.

Las autoridades de la Conanp y el parque nacional emprendieron entonces acciones legales para impedir el proyecto porque cualquier impacto ambiental en la zona afectaría los ecosistemas vecinos bajo protección federal.

El 23 de julio de 2008 fueron acusados de repetición de acto, por considerar que pretendían aplicar a los impulsores del proyecto inmobiliario el decreto del parque nacional del cual quedaron al margen gracias al amparo obtenido el 20 de julio de 2001.

Sin embargo,el 11 de febrero de 2009 el juez tercero de distrito determinó infundada la denuncia presentada por el abogado Fernández García, por no comprobar que los actos reclamados hace un año y medio fueron los mismos por los que ganó un amparo hace nueve años.