El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados consideró insuficiente la decisión del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de trasladar los poderes del estado a Ciudad Juárez. El coordinador de la bancada, Alejandro Encinas, resaltó que se requiere un efectivo combate a la delincuencia organizada, que parte de atacar sus redes financieras.

En contraste, el ex procurador del estado de México y diputado priísta Alfonso Navarrete Prida afirmó que Baeza tomó una decisión valiente; no se trata de un acto cosmético, y además obligó al gobierno federal a voltear los ojos a Juárez.

Para el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, la estrategia del gobierno federal contra la violencia en Ciudad Juárez ha sido la correcta; las decisiones han sido oportunas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón (del PAN), sostuvo que el traslado de poderes se reduce a una acción espectacular del gobierno del estado en respuesta al asesinato de estudiantes.

Arguyó que el fracaso de la estrategia contra la delincuencia en esa urbe fronteriza no es sólo del gobierno de Felipe Calderón, sino de todos, porque brindar seguridad a los ciudadanos no es responsabilidad de una sola persona.

Mientras, en un comunicado, Encinas afirmó que el traslado de poderes se reduce a un acto publicitario y sin sustento legal, además de que el control del combate al narcotráfico es responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón, por conducto de la Policía Federal.

Afirmó que Baeza debe explicar los beneficios directos de su decisión, y aclarar si además de los funcionarios de su gobierno se reforzará la presencia policiaca y del Ejército.

En Juárez falló la estrategia de combate a la delincuencia; se debe rectificar esa política y las acciones para desmantelar no solamente las redes del narcotráfico, sino su poder financiero; la relación binacional en la frontera, y los problemas de nexos del crimen organizado con bandas de Estados Unidos, insistió.

La también perredista Leticia Quezada afirmó que los diputados de su partido asumen el acuerdo aprobado en el Consejo Nacional de pedir juicio político a Felipe Calderón por los nulos resultados de su política de seguridad pública y el alto índice que violencia en el país, desbordado en Ciudad Juárez.

Navarrete Prida dijo que con su anuncio, Baeza busca que la población que se sienta agraviada sepa dónde está y lo pueda ir a localizar. Admitió que el traslado de poderes no resolverá el problema de seguridad en esa ciudad, aunque permitirá que el gobierno federal tome acciones y no sólo evada costos políticos. Lo obliga a no hacer meras declaraciones.

César Nava aseveró que la víspera de que el presidente Calderón proponga a la sociedad juarense un cambio en esa estrategia, en todo caso, lo que se impone es la necesidad de revisar continuamente la estrategia, de revisar los avances, fortalecer aquello que se esté haciendo bien y que funciona y corregir aquello que no está funcionando.

El traslado legal de los poderes estatales a Ciudad Juárez es una medida correcta y socialmente necesaria, afirmó la dirigencia nacional del PRI, que respaldó esta decisión por el valor civil que ha demostrado el gobernador Reyes Baeza ante una nueva embestida del crimen organizado.

Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, enfatizó la dirigencia priista, que externó su apoyo a los juarenses y afirmó confiar en que el gobierno federal apoye el traslado de poderes.