Los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerán hoy formalmente la intención de su homólogo José de Jesús Gudiño Pelayo de que el máximo tribunal atraiga, conozca y resuelva los amparos solicitados por 12 pobladores de San Salvador Atenco sentenciados a purgar condenas que van de 47 a 65 años de cárcel por los hechos violentos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006.

Trascendió que en sesión privada, los ministros serán notificados de las solicitudes presentadas por los detenidos –entre ellos, el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, preso junto con Felipe Álvarez y Héctor Galindo en el penal de máxima seguridad del Altiplano– para que la Corte ejerza su facultad de atracción.

Una vez superada esta formalidad, se encargará a los ministros que acepten la petición –extraoficialmente se dijo que Olga Sánchez Cordero se sumará a la postura de Gudiño– que elaboren un proyecto de dictamen en el que justifiquen las razones de importancia y trascendencia jurídica que ameritan que la SCJN resuelva los amparos.

Fuentes judiciales apuntaron que la decisión de ejercer la facultad será adoptada en una o dos semanas, y que incluso podría ser por unanimidad de los cinco ministros que integran la sala.

Si bien la petición para que la Corte conozca el asunto fue presentada directamente a Gudiño Pelayo desde diciembre pasado por Trinidad Ramírez –esposa de Ignacio del Valle – y otros familiares de los presos, el trámite tuvo que esperar hasta que los tribunales colegiados recibieran las demandas de amparo correspondientes –lo que ocurrió en los primeros días de enero– contra las sentencias emitidas por jueces del estado de México, en las que sancionan a los 12 detenidos por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006.

Por esta razón, el caso del amparo demandado por Ignacio del Valle se formalizará hasta hoy; el ministro Gudiño comentó extraoficialmente a sus compañeros que pedirá la atracción de las otras solicitudes, porque apenas ayer llegaron los expedientes a la Corte.

El primero tiene que ver con la sentencia de 67 años de prisión dictada también a los otros procesados por secuestro equiparado, cometido contra funcionarios estatales en abril de 2006.

El segundo se refiere a los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de ese año, por los cuales Del Valle, Álvarez y Galindo recibieron una sanción adicional de 45 años de prisión, también por secuestro equiparado.