Chilpancingo, Gro., 12 de enero. La Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para investigar la masacre de Aguas Blancas, por lo que turnará la causa penal 104/95 del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó José Sánchez Sánchez, abogado de los sobrevivientes, viudas y huérfanos de la matanza ocurrida el 28 de junio de 1995 en la comunidad de Coyuca de Benítez.

Aseguró que el mes pasado, Albertico Guinto Sierra, encargado de despacho de la PGJE, le insistió en la alta probabilidad de que en los próximos días la dependencia a su cargo reciba la averiguación previa respectiva.

El litigante reconoció que la procuraduría estatal no va a consignar a nadie, pero se presionará para que haya una resolución, y luego de agotar todas las instancias en el país se llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto –dijo–, los abogados van a apremiar al gobierno estatal para que resuelva el expediente en el que se acusa de genocidio al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y ex subsecretario de Finanzas cuando ocurrió la matanza.