El pleno del Senado discutirá el próximo martes las iniciativas de reforma a la Ley General de Desarrollo Social que buscan edificar una política social de Estado, transparentar la asignación de acciones y recursos, disminuir la discrecionalidad y lograr que se sancione a quien utilice los programas, padrones, bases de datos o recursos humanos o materiales con fines electorales o propósitos políticos, según el dictamen aprobado en comisiones. Precisa también que serán sancionados los funcionarios o el personal que desvie o malverse los fondos de desarrollo social, quienes condicionen, nieguen o retrasen, sin causa justificada la entrega de subsidios, el acceso a los bienes o la prestación de los servicios garantizados en esta ley.

Con las modificaciones que se aprobarán a dicha ley se podrá sancionar a las organizaciones civiles que ejerzan recursos públicos o tengan bajo su responsabilidad la operación de programas sociales y que no respeten lo que indica dicha ley.

En el dictamen enlistado para su discusión y votación en la sesión del martes se resalta que las comisiones dictaminadoras reconocen la importancia de continuar con el proceso de institucionalización de la política de desarrollo social, con la finalidad de dotarla de los instrumentos necesarios para enfrentar con efectividad los grandes retos del país en materia de desigualdad, pobreza, marginación y exclusión social.

En materia de transparencia y coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno se propone reformar el artículo 16 de la ley vigente para hacer obligatorio, para los tres ámbitos de gobierno, remitir a la Auditoría Superior de la Federación la información relativa a los programas que utilicen recursos públicos federales.

Las modificaciones que se buscan aprobar pretenden que no haya duplicidad de programas, para lo cual se recurrirá a la vía de los convenios de coordinación.

Los cambios a esta ley indican que la distribución de recursos de los programas sociales en las entidades federativas deberá tener un carácter progresivo y debe tomar en cuenta el Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo Social, lo cual será otro avance en la disminución de discrecionalidad.

Los senadores de las comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos que dictaminaron los cambios señalan: valoramos la importancia de contar con instrumentos efectivos para asegurar más transparencia, el fortalecimiento de la coordinación y el intercambio de información sobre los beneficiarios de los programas sociales de los tres niveles de gobierno.