Poncitlán, Jal., 25 de octubre. Comuneros indígenas cocas de Mezcala, pueblo ubicado en las márgenes del lago de Chapala, al sureste de Guadalajara, se plantaron ante la oficina de bienes comunales de su localidad para evitar otro allanamiento del inmueble, como el ocurrido el jueves pasado.

Los cocas aseguraron que los invasores tienen el respaldo de las autoridades municipales perredistas de Poncitlán, que a su vez, agregaron, apoyan a empresarios interesados en apoderarse de sus tierras para llevar a cabo un proyecto turístico que abarcaría toda la ribera norte del lago más grande de México.

El abogado de los cocas, Rubén Edgardo Ávila Tena, acusó a Quintín Claro Contreras, ex comisario de bienes comunales de Mezcala, de encabezar la invasión del jueves, apoyado por policías municipales de Poncitlán, demarcación gobernada por el perredista Ramón Romo.

El allanamiento fue el capítulo más reciente de un viejo conflicto por la posesión de al menos 3 mil 600 hectáreas del municipio de Poncitlán, en cuyo territorio se halla la isla de Mezcala, en el lago de Chapala. En la ínsula hay un fortín que indígenas arrebataron a españoles de 1812 a 1816 y que autoridades estatales y federales buscan rescatar con motivo del bicentenario de la Independencia, sin intervención de la comunidad coca.

Entre los intereses claramente identificados está ampliar el corredor turístico de Chapala a Jocotepec (al suroeste de Guadalajara). Ahora los inversionistas voltean al norte de la ribera, de Chapala a Mezcala. Ahora las tierras valen mucho porque hay un auge de extranjeros que vienen a buscar paraísos para pasar sus últimos días, dijo Ávila Tena.

Indicó que el jueves pasado Quintín Claro y policías municipales ingresaron a la casa comunal, sin que se sepa si sustrajo documentos o dinero. Los comuneros llegaron cuando Claro Contreras se había ido y clausuraron el sitio, donde se montó una guardia permanente.

Este domingo, en asamblea, los cocas determinaron solicitar un amparo indirecto para evitar que el ayuntamiento se inmiscuya en asuntos de la comunidad. También presentarán una denuncia penal contra los responsables del allanamiento.

La comunidad tiene abierto un juicio en el tribunal agrario de distrito 16 por la invasión de un terreno conocido como El Pandillo, 10 hectáreas de bosque que fueron vendidas a un particular de Guadalajara sin aval comunal. Asimismo sostiene que el ayuntamiento de Poncitlán explota sin consentimiento un banco de materiales propiedad de los cocas.