l pasado 14 de septiembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un acuerdo de suministro eléctrico con un consorcio integrado por las empresas españolas Abengoa y Abener Energía. El convenio, por el cual la paraestatal mexicana se obliga a pagar más de 2 mil millones de dólares, contempla la construcción y puesta en marcha de una planta de cogeneración de electricidad, y la concesión y abastecimiento de la misma hasta el año 2032. El objetivo del contrato, según la documentación referida, es disminuir las compras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como el desarrollo de proyectos (...) para sustituir la operación de equipos ineficientes instalados o aquellos que se encuentran al final de su vida útil.

Sin soslayar la importancia de que la industria petrolera nacional cuente con un suministro de energía eficiente y de bajo costo, llama la atención que, para tal efecto, el Estado mexicano haya optado por entregar, a través de Pemex, una considerable cantidad de recursos a un consorcio privado extranjero, y que no los haya destinado a modernizar y ampliar las instalaciones de las compañías de propiedad pública dedicadas a la generación de electricidad.

El hecho cobra especial relevancia en un momento en que el gobierno federal pretende justificar la extinción de LFC con el argumento de su supuesta ineficiencia e inviabilidad financiera. Lo cierto es que más de la mitad del déficit anual del organismo descentralizado –unos 42 mil millones de pesos, según cifras oficiales– podría haber sido financiado con el monto que se prevé entregar a Abengoa y Abener, y otra porción podría haberse subsanado si la dirección del mismo hubiese cobrado en tiempo y forma los adeudos del sector privado y de las dependencias públicas.

Significativamente, la propia LFC reportó, antes de su cierre, cuentas por cobrar por al menos 2 mil 160 millones de pesos, correspondientes a particulares. Por añadidura, el erario ha dejado de captar 150 millones de pesos por día desde la extinción del organismo, lo que significa una pérdida de 2 mil 400 millones de pesos del 11 de octubre pasado a la fecha.

Más allá de estos datos, que ponen en entredicho la versión oficial de que la extinción de LFC ahorraría recursos al Estado, la circunstancia descrita refuerza la percepción de que el gobierno federal practica una política gubernamental de abandono deliberado del sector energético, que consiste en someter a los organismos y empresas públicas de ese ramo al saqueo fiscal o a la astringencia presupuestaria con miras a su debilitamiento, desmantelamiento y posterior privatización.

Los efectos de dichas prácticas –las deficiencias en los servicios y el déficit en las finanzas de los organismos, por citar los más visibles– han sido usados por el gobierno federal como razones para emprender medidas como la intentona privatizadora de Pemex o la reciente desaparición de LFC, episodios en los que el decoro y la legalidad son relegados ante el afán de procurar oportunidades de negocio para consorcios privados cercanos al poder político.

En suma, de persistir el empeño gubernamental en deteriorar deliberadamente el sector energético, nada impedirá que lo que hoy ocurre con LFC se repita en un futuro con la CFE, y que la vigencia de los preceptos constitucionales en materia energética se convierta, como ha ocurrido con otros aspectos de la vida institucional del país, en mero formalismo.