San Cristóbal de Las Casas, Chis., 24 de octubre. José Manuel de la Torre Hernández y Roselio de la Cruz González, líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) detenidos el sábado, fueron torturados física y sicológicamente durante cinco horas en los separos de la Procuraduría de Justicia estatal (PJE) y obligados a firmar documentos, dijo su abogado, Marcos López Pérez.

Cuando se le pidió su versión sobre estas acusaciones, la PJE remitió a sus comunicados de ayer y hoy, uno de los cuales señala que a los acusados se les practicaron exámenes médicos que constatan que se encuentran en buen estado de salud.

La dependencia dijo tener pruebas de que ambos activistas pertenecen a la banda criminal de Los Pelones, “conocida por su fuerte actividad en el tráfico de armas y drogas, y responsable de diversos homicidios, que incluyen la ejecución de policías estatales cometida en 2007 tras una falsa llamada de emergencia en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán”.

El abogado dijo que De la Torre Hernández fue maniatado, le vendaron los ojos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y le aplicaron agua mineral por la nariz, por lo cual se desmayó varias veces, y lo obligaron a firmar unos papeles antes de trasladarlo al penal de El Amate junto con Roselio de la Cruz González.

Indicó que De la Torre y De la Cruz fueron detenidos durante la madrugada por hombres encapuchados y a las 10 de la mañana los llevaron al centro penitenciario, acusados de daños, despojo y asociación delictuosa.

La PJE sostuvo que otro dirigente de la organización solicitó ser testigo protegido y confirmó las acusaciones contra Cruz González y De la Torre Hernández, por lo cual se llevó a cabo una operación acorde a su peligrosidad en el municipio de Venustiano Carranza.

El testigo reveló que la OCEZ recibió, a través de Roselio Cruz y José Manuel de la Torre, 300 mil pesos para comprar armas, entregados por el alcalde panista de ese municipio, Amín Coutiño Villanueva. Además, los detenidos incluían entre sus negocios ilícitos la trata y extorsión de migrantes y ocultaban drogas en sus tierras, pero impedían el acceso de autoridades civiles y militares con la máscara de organización social, dice uno de los comunicados.

Sin embargo, durante una inspección realizada este domingo en las comunidades Laguna Verde y 28 de Junio de la OCEZ, en Venustiano Carranza, los policías no hallaron armas ni drogas.

Los labriegos temían que se les sembraran pruebas y exigieron la presencia de periodistas y observadores humanitarios antes de que los agentes de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría estatal catearan las viviendas.