n el marco del la celebración del Día del Maestro en la residencia oficial de Los Pinos, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, demandó ayer al jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, la creación de una alianza política que haga irrelevante el escándalo, el escarnio, el cinismo para convertirse en la vía para hacer frente a las verdaderas preocupaciones nacionales, y añadió: las elecciones no son las que finalmente califican la legitimidad de un gobierno, es la historia la que se encarga de ello, declaración, esta última, que puede ser interpretada como una alusión a los cuestionamientos que el calderonismo arrastra de origen, a raíz del desaseado proceso electoral de 2006. Mientras tanto, miles de docentes manifestaban, en las calles de distintas ciudades del país, su descontento hacia el manejo gubernamental en materia educativa y hacia la falta de democracia, la corrupción y el patrimonialismo con que se conduce la cúpula que controla al magisterio.

l 23 de abril, días antes de que concluyera el último periodo de sesiones de la 60 Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y a todo vapor una reforma mínima en materia de derechos humanos. El decreto, negociado entre los coordinadores parlamentarios, y acordado un día antes en la Secretaría de Gobernación (SG), se limita a proponer la modificación de los artículos 1, 11, 33, 89 y 102 B de la Constitución.

obrerreacción. Existen ya las evidencias suficientes que muestran que el gobierno federal reaccionó tardíamente frente a la amenaza de la influenza, y cuando lo hizo sobrerreaccionó su respuesta. Enfrentar una epidemia cuyo grado de mortandad es más que mínimo con un apagón (económico y moral) de la sociedad es como querer apagar un pequeño incendio en un cine destruyendo el cine mismo. Ni hablar de las víctimas producidas por la estampida. Aquí no es vigente el argumento de que (en asuntos de salud) más vale sobrepasarse, porque los daños colaterales pueden ser tan graves que ponen en duda la capacidad de quienes sobrerreaccionan para enfrentar otras crisis. Tan es así que los abogados de Los Pinos han emprendido una campaña por indemnizaciones de cara a la OMS, cuyas autoridades fueron probablemente quienes sonaron las alarmas rojas de manera desmedida. La afirmación de Margaret Chan, la presidenta de esa institución, en el sentido de que sólo ella corría con la responsabilidad de haber etiquetado como pandemia a las probabilidades de contagio, abre en cierta manera las posibilidades de esta demanda. En México, de manera correspondiente, debería suceder lo mismo: una cauda de exigencias para que el gobierno federal indemnice a los afectados por el (sobregirado) estado de excepción que decretó a lo largo de dos semanas. Pero al menos hay un saldo positivo en todo esto: nadie ha entrado en el juego de achacar la culpa a otros.

res crisis han estado convergiendo recientemente. La crisis económica de origen externo en principio pero montada sobre un largo periodo de casi 30 años de estancamiento. No sólo no se crece al ritmo que demanda la estructura demográfica del país, sino que además se profundiza la desigualdad económica y social.