n el marco del la celebración del Día del Maestro en la residencia oficial de Los Pinos, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, demandó ayer al jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, la creación de una alianza política que haga irrelevante el escándalo, el escarnio, el cinismo para convertirse en la vía para hacer frente a las verdaderas preocupaciones nacionales, y añadió: las elecciones no son las que finalmente califican la legitimidad de un gobierno, es la historia la que se encarga de ello, declaración, esta última, que puede ser interpretada como una alusión a los cuestionamientos que el calderonismo arrastra de origen, a raíz del desaseado proceso electoral de 2006. Mientras tanto, miles de docentes manifestaban, en las calles de distintas ciudades del país, su descontento hacia el manejo gubernamental en materia educativa y hacia la falta de democracia, la corrupción y el patrimonialismo con que se conduce la cúpula que controla al magisterio.

Estos escenarios son ilustrativos de la situación que enfrenta el sistema de enseñanza pública en el país. Por un lado, una dirigencia magisterial que evidencia con sus declaraciones que sus intereses y prioridades no pasan por el mejoramiento de la educación, sino que se orientan a la consolidación de alianzas con el gobierno, por más impresentables que éstas resulten, con el evidente fin de obtener prebendas, cargos políticos y demás privilegios. Por otro lado, una administración federal que no ha podido o no ha querido limitar el desmesurado control que ejerce en el magisterio una cúpula sindical corrupta y antidemocrática –la que encabeza Elba Esther Gordillo–, y que, por el contrario, lo ha apuntalado mediante la entrega de enormes cuotas de poder como pago de facturas por sus servicios electorales y de contención política.

Lo anterior tiene como inevitable telón de fondo el abandono en que se encuentran los ciclos de educación básica, media superior y superior a cargo del gobierno federal como consecuencia de décadas de restricciones presupuestarias, así como el creciente descontento de las bases magisteriales hacia la dirigencia gremial, lo que representa hoy por hoy uno de los principales generadores de conflictos sociales y, en consecuencia, un factor de inestabilidad política. Es inevitable recordar, con respecto a esto último, el conflicto protagonizado por el magisterio disidente de Morelos a raíz de la imposición de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que ayer mismo cumplió un año inmersa en indefiniciones –como lo afirmó la propia dirigente vitalicia del SNTE–, y que en la circunstancia presente constituye un factor de discordia entre las alas independientes del magisterio, que ven en ese pacto una violación a los derechos de los docentes y un mecanismo que incrementa, mediante la entrega de atribuciones indebidas y de cuantiosos recursos económicos al grupo gordillista, el poder y la influencia de la cúpula que controla el gremio.

La opacidad y la corrupción con que se conduce la dirigente vitalicia magisterial configuran una parte de una pinza que hoy mantiene asfixiada a la educación en el país –la otra parte es la política deliberada de abandono que ha sido practicada por los gobiernos neoliberales durante las últimas dos décadas–: en la medida en que prevalezca el manejo turbio de los recursos destinados al sindicato, no habrá acuerdo ni dinero que alcance para corregir las deficiencias que acusan los servicios educativos a cargo del Estado.

En suma, el rescate de la educación en el país requiere, como condiciones necesarias, la reorientación general de las prioridades de la presente administración, la ruptura con inercias ideológicas que impiden posicionar a la enseñanza como eje fundamental del desarrollo nacional, y la disposición a renunciar a los buenos oficios políticos del grupo gordillista e impulsar la democratización efectiva del SNTE. En la medida en que no actúe de esta manera, el gobierno federal carecerá de de elementos para sostener, de cara a la población, su supuesto compromiso con el mejoramiento de educación en el país.