obrerreacción. Existen ya las evidencias suficientes que muestran que el gobierno federal reaccionó tardíamente frente a la amenaza de la influenza, y cuando lo hizo sobrerreaccionó su respuesta. Enfrentar una epidemia cuyo grado de mortandad es más que mínimo con un apagón (económico y moral) de la sociedad es como querer apagar un pequeño incendio en un cine destruyendo el cine mismo. Ni hablar de las víctimas producidas por la estampida. Aquí no es vigente el argumento de que (en asuntos de salud) más vale sobrepasarse, porque los daños colaterales pueden ser tan graves que ponen en duda la capacidad de quienes sobrerreaccionan para enfrentar otras crisis. Tan es así que los abogados de Los Pinos han emprendido una campaña por indemnizaciones de cara a la OMS, cuyas autoridades fueron probablemente quienes sonaron las alarmas rojas de manera desmedida. La afirmación de Margaret Chan, la presidenta de esa institución, en el sentido de que sólo ella corría con la responsabilidad de haber etiquetado como pandemia a las probabilidades de contagio, abre en cierta manera las posibilidades de esta demanda. En México, de manera correspondiente, debería suceder lo mismo: una cauda de exigencias para que el gobierno federal indemnice a los afectados por el (sobregirado) estado de excepción que decretó a lo largo de dos semanas. Pero al menos hay un saldo positivo en todo esto: nadie ha entrado en el juego de achacar la culpa a otros.

Lo que resulta ya sofocante (y cada día más ridículo) es la homologación entre la política y la retórica de la salvación. El lamentable espectáculo que en 2006 empezó por definir a uno de los contendientes legítimos a esa elección como un peligro para México siguió con la demonización y la excomunión de quienes apoyaban la ley sobre la libertad del uso del cuerpo (que permite el aborto) y acaba en una cruzada biopolítica para desinfectar a la sociedad, está fundado en las profundidades de un antiguo ideograma característico de la mentalidad católica: las narrativas sobre el juicio final. Es una retórica que permitió a la Iglesia durante más de tres siglos (hasta que la Ilustración la desmanteló a carcajadas) presentarse como la salvadora del mundo. En ella habría acaso que escarbar la gramática de nuestros actuales salvadores. En fin, el país no necesita salvadores (¿quién los necesita?), lo único que requiere son políticos sensatos y servidores públicos congruentes.

El retorno. Carlos Salinas de Gortari se ha colocado, una vez más, en el centro de las pugnas del priísmo. Su regreso a la política grande (si es que algún día estuvo fuera de ella) sería algo así como el retorno del hijo impródigo. ¿Una mano dura y diestra para ordenas las filas del tricolor? Primero fue Bartlett, que lo acusó de haber provocado la caída del sistema en 1988. Le siguió la teórica amante de Téllez, que nos departió el secreto de que había desfalcado al erario público. En la última novela de Ahumada, Salinas es ya el gran inquisidor. Por último Miguel de la Madrid, convencido de que CSG es parte del crimen organizado, sólo que como mea culpa pública. Cada uno de sus detractores ha tenido que recular como se dice en el lenguaje de la política mexicana. ¿Hay un salinato en puertas? La metáfora es débil, porque en el maximato Calles llegó a controlar efectivamente al Estado y al partido simultáneamente. CSG está obviamente muy lejos de esas cimas. Lo que es evidente es que el PRI sólo logra funcionar cuando tiene un jefe político. No lo ha tenido a nivel nacional desde 2000.

Sea como sea, el PRI parece haber recuperado terreno electoral. ¿Qué se puede esperar de su posible triunfo el próximo mes de julio? En principio, nada nuevo. Seguirá funcionando con el mismo método con el que llegó hasta aquí: apuntalar la Presidencia panista sin comprometerse con sus excesos y sus errores. El cálculo no es difícil: si la táctica sirvió para propiciar su retorno, debería servir para llegar hasta 2012.

¿Por quién votar? El dilema, para el país, reside precisamente en que el origen de la implosión de la sociedad política se halla en esa peculiar concertación entre el PRI y la Presidencia panista. Por ello no es sorprendente que una franja notable de la opinión pública actual, precisamente quienes más se empeñaron en la construcción de un sistema democrático desde 1988, convoquen hoy a no votar. Habría que pensar, sin embargo, que no votar en estas circunstancias significa un ejercicio de referéndum. Un sí o no a la continuación de una clase política que no logra o no puede perfilar los impulsos necesarios que requiere el país. ¿Por qué no, entonces, llamar explícitamente a un referéndum cruzando con esta consigna las boletas? Hay muchas maneras de llevarlo a cabo. Una de ellas sería someter al cargo central de la sociedad política, la Presidencia, a un escrutinio de referéndum. Sería una manera de convertir un desacuerdo que ya es esencial en una estrategia de acción.