Lecciones ciudadanas en medios de comunicación

En 1999 organizaciones civiles y sociales plantearon compromisos a los candidatos presidenciales en la coyuntura electoral de 2000 y así propusieron reglamentar los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución para garantizar el derecho a la información sobre asuntos públicos, el ejercicio pleno del derecho de petición, así como participación social en el régimen de concesiones a los medios de comunicación.

Posteriormente se instaló, a petición del Ejecutivo actual, una mesa de trabajo en la que de manera inédita dueños de medios, sociedad civil, partidos políticos e instancias parlamentarias trabajaron en la construcción de una reforma integral de medios de comunicación. No obstante, el Ejecutivo, en franca alianza con los dueños de los medios, promovió el pasado 10 de octubre un decreto que vino a sabotear el modelo de diseño de políticas públicas que se había venido trabajando.

Para las organizaciones de la sociedad civil fue un mensaje directo: a dos años del gobierno del presidente Vicente Fox las prácticas, políticas y estructuras que permiten la violación a los derechos ciudadanos y libertades fundamentales permanecen intactos en su mayor parte.

Ello aunado al creciente poder de los medios sobre la sociedad y los individuos, que ha creado una sociedad mediática que a su vez ha producido una nueva atmósfera de naturaleza comunicósfera¹, ocasionando que el conjunto de las principales instituciones de gobernabilidad funcionen a distancia, por intermediación de los canales de información, especialmente electrónicos.

La expansión de esta realidad mediática ha modificado la estructura y frontera del Estado mexicano y de la cultura nacional creando un nuevo tejido en la esfera del poder: el Estado mexicano ampliado. Así, observamos el surgimiento de la teleadministración pública, teledeporte, telepolítica, telebanca, teleoración, telemedicina, televenta, la telediversión, así como la radioasistencia síquico-emocional, la radiorientación vial, la radioiglesia, la radiorientación sexual, etcétera.

El funcionamiento de los medios ha atravesado la operación práctica de las instituciones sociales básicas en la dirección del país, al grado de que ha sustituido en algunos periodos a los órganos de administración social más débiles o en crisis de funcionamiento y legitimación. Por ejemplo, ante la baja de credibilidad de la población en los partidos políticos, los órganos públicos y la Iglesia, la capacidad persuasiva y seductora de los medios ha producido nuevas credibilidades y hegemonías basadas en estrategias de mercado a partir del rating.

En contraposición, las organizaciones campesinas no cuentan con espacios televisivos para solicitar apoyos crediticios, exigir mejores precios de garantía a sus cosechas, demandar el reparto de tierras, denunciar el extendido cacicazgo y la corrupción de autoridades y funcionarios. Los sindicatos tampoco tienen tiempo informativo para elevar sus condiciones generales de vida o para denunciar anomalías.

Y ante este panorama los ciudadanos nos hemos enfrentado con políticos que temen "agarrar la papa caliente de la batalla mediática", sin embargo, nuestra terca esperanza -apostar por un país democrático- nos ha obligado a colocarnos en el papel de los tres poderes de gobierno desde la sociedad civil.

La propuesta ciudadana para la reforma integral de radio televisión no busca afectar los beneficios de concesionarios, sino garantizar los derechos y el acceso de los ciudadanos a esos medios electrónicos.

Es importante recuperar el espíritu y los acuerdos convenidos durante casi dos años en la mesa de diálogo. De ahí que se promueva una ley de beneficio social, no sólo económico, ya que el Ejecutivo no es sólo representante del Estado, sino uno de los actores políticos más importantes. Es necesaria además una autoridad autónoma en materia de comunicación para dar a los concesionarios seguridad jurídica, al Ejecutivo independencia efectiva y a los ciudadanos certeza, transparencia e imparcialidad en el cumplimiento de la ley en el otorgamiento de concesiones y permisos. Por ello es urgente la ciudadanización del Consejo Nacional de Radio y Televisión.

En este contexto los derechos ciudadanos son básicos e inalienables como el de réplica, que México ha signado en tratados internacionales, con la ratificación del Senado y por tanto tiene carácter de Ley Suprema de la Nación. Se establece su reglamentación efectiva en la ley de manera que pueda ser exigible y sancionable, precisando mecanismos y condiciones para su acceso y la autoridad responsable del arbitraje. El derecho de información, de expresión y de recepción es libre, no deberá ser objeto de inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna o censura previa, mientras no afecte derechos de terceros previstos en las leyes vigentes.

Los organismos civiles esperamos que este primer paso -el Senado ya ha acogido esta iniciativa de ley- dé la oportunidad a los ciudadanos de dialogar, construir consensos y propiciar mecanismos eficaces de diseño legislativo. Esperamos también que la Cámara de Diputados retome la iniciativa y se instale una conferencia parlamentaria con el Senado con el propósito de que se abran caminos para la generación de procesos innovadores legislativos y mecanismos exitosos de interlocución sociedad civil y Legislativo.

¹ Esteinou, Javier, Los medios de información colectivos como centro de poder.