Canal 40 vs. Tv Azteca, ¿la ley del más fuerte?

Una semana después de que los noticiarios y los departamentos legales de CNI-Canal 40 y Televisión Azteca interpretaran a su manera el laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio sobre el litigio que ambas empresas mantienen desde 2000, este viernes se produjo otro bochornoso incidente que va más allá del debate mediático: la señal de Canal 40 fue retirada de la pantalla de televisión abierta, con excepción de los suscriptores de varios sistemas de cable en el interior de la República. La empresa de Javier Moreno Valle y el conductor Ciro Gómez Leyva denunciaron que un grupo de pistoleros armados encañonó en la madrugada a los trabajadores de Canal 40 en el cerro del Chiquihuite, mientras que la televisora de Ricardo Salinas Pliego emitió un comunicado que justifica la virtual confiscación de la señal de CNI y alega derechos para asumir el control de Canal 40 a nivel de producción, programación y comercialización.

Hechos, el principal noticiario de Canal 13, confirmó tales acciones: "Tv Azteca reanuda operaciones en CNI-Canal 40". A su vez, Gómez Leyva se mantuvo en el aire desde las 20 horas para informar y denunciar las "amenazas con lujo de violencia" que ejerció la segunda cadena televisiva más importante del país.

Frente a estos sucesos, inquieta la guerra más allá de lo virtual que han emprendido ambos consorcios sin que exista ninguna autoridad del Poder Ejecutivo federal que interceda. De esta manera, se confirma lo que quedó claro tras el decretazo del 10 de octubre pasado: el Estado ha cedido frente a los intereses de dos grandes consorcios televisivos que concentran 80 por ciento de las concesiones y más de 90 por ciento de los recursos públicos y privados dedicados a la comunicación y la publicidad. No existe instancia reguladora autónoma que evite tanto los excesos mediáticos como los empresariales que se observan con toda claridad en este caso.

El asunto no sólo concierne a Canal 40 y a Tv Azteca. La polémica involucra un bien que es propiedad de la nación y que no pertenece ni a Salinas Pliego ni a Moreno Valle: el espacio aéreo nacional. ¿Por qué, hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha emitido una posición? ¿Por qué la Secretaría de Gobernación y su dirección general de Televisión y Cinematografía callan ante este hecho que recuerda más los pleitos entre mafias y no a dos televisoras con clara responsabilidad social?

Los hechos también se enmarcan en otra concatenación preocupante de eventos que refieren una clara discrecionalidad mediática: 1. Ocurre tres meses después del decretazo, cuando el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Bernardo Gómez, cedió la estafeta a un representante de Tv Azteca. 2. Conflicto similar ocurrió entre Multivisión y Televisa. Ambas empresas ventilaron sus versiones en sus respectivos noticiarios y generaron una confusión mayor entre los televidentes. 3. Tv Azteca mantiene desde hace por lo menos un mes un severo conflicto con las cableras del país que sacaron del aire la señal de esta empresa. En los noticiarios de la Fuerza Informativa Azteca se han difundido puntualmente las protestas en León, Chiapas, Toluca, Querétaro y Puebla. Los cableros se defienden argumentando abuso por parte de la firma del Ajusco. Hasta ahora ninguna instancia ha regulado eficazmente este conflicto. 4. En víspera de las campañas electorales de 2003, en las que estarán en juego multimillonarios recursos para la contratación de publicidad de los partidos políticos, los dos grandes consorcios parecen estar decididos a cerrar filas y hacer prevalecer la ley del más fuerte.

El problema más grave es que el duopolio está dispuesto a evitar que exista una tercera opción privada y preocupa que, envalentonados, decidan emprenderla contra Canal 11 y Canal 22, con el aval del gobierno foxista.