El Frente Auténtico del Trabajo denuncia la "doble cara" de Vicente Fox

Obstaculiza el gobierno protesta contra la ley indígena presentada ante la OIT

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 9 de diciembre. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció las "maniobras" del gobierno de Vicente Fox para obstaculizar las reclamaciones contra la "reforma indígena", presentadas por el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nombre de las comunidades indígenas que, en esta materia, son representadas por la red.

Igualmente, los defensores comunitarios denunciaron "la doble cara" del gobierno de Fox, pues cuando tomó posesión como presidente, se comprometió a presentar al Congreso la ley Cocopa, cosa que hizo, pero nunca la defendió; posteriormente, y aunque no cumplía con su compromiso, aceptó sin crítica la legislación aprobada.

Los obstáculos que pone a la reclamación internacional "demuestran una vez más que el gobierno de Fox está, en los hechos, en contra de los derechos indígenas". Siempre fue así, agregan los defensores comunitarios, de otro modo, no tendría por qué boicotear una eventual revisión de la OIT.

La red recuerda que el 10 de octubre de 2001, "como una manifestación del rechazo a la reforma constitucional en materia de derechos indígenas aprobada el 14 agosto por el Congreso, los pueblos indios de Chiapas, el FAT y la red de defensores presentamos una reclamación ante la OIT, en la que alegamos que, con esta reforma, el Estado mexicano viola sus obligaciones establecidas en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes".

La reclamación presentada "cumplió con todos los requisitos formales que señalan los reglamentos de la OIT". El FAT, que desde su creación en 1960 es una de las agrupaciones "más fuertes, representativas e independientes en México", alegó en una carta que el gobierno mexicano, miembro de la OIT desde 1931, y firmante del Convenio 169 desde 1990, "viola los derechos a la consulta, la identidad indígena, la tierra, la administración de justicia y la protección efectiva de los derechos indios" contenidos en el mencionado convenio.

El 16 de noviembre de 2001, la OIT acusó recibo de la reclamación que, conforme al reglamento relativo, sería transmitida a la mesa de su consejo de administración (instancia que decide estos procedimientos de revisión) en su reunión de marzo de 2002, a fin de que éste se pronunciara sobre la "admisibilidad" de la queja.

Dicha mesa del consejo de administración consideró que la reclamación cumplía con los requisitos de admisibilidad y por lo tanto la aceptó (OIT: documento GB.283/17/1). Entonces, también de conformidad con los reglamentos de la OIT, se nombró a un comité de expertos para examinar el contenido (es decir, los argumentos jurídicos) de la reclamación.

Durante una conferencia de prensa en el Café Museo de esta ciudad, Julio Reyes Pérez leyó un documento en el que los defensores comunitarios precisan que el pasado julio, el FAT recibió una misiva de la OIT en la que solicitaba una carta sellada, "para verificar que efectivamente la reclamación había sido enviada" por la agrupación obrera. Aunque esta "carta sellada" no es un requisito del procedimiento, el FAT y la red decidieron enviarla "para no retrasar el proceso".

Sin embargo, en noviembre de 2002, el FAT fue notificado de que el gobierno mexicano "alega que no es una asociación verdadera de trabajadores, y por eso el comité de expertos no puede considerar la reclamación". Ocurre que el gobierno foxista está presionando al consejo de administración de la OIT para que "reconsidere la admisibilidad de la reclamación".

El alegato gubernamental de que el FAT no es una asociación de trabajadores "resulta un absurdo", según los defensores comunitarios. Es del conocimiento público que se trata de una importante y representativa asociación de trabajadores en México. "Pero siempre ha molestado al gobierno que el FAT haya mantenido su independencia y haya rechazado registrarse como organización oficial. Además, el gobierno foxista no quiere que la reclamación, y por extensión su reforma constitucional en materia indígena, sean estudiadas por una instancia internacional. Vicente Fox sabe bien que la reforma no cumple con los derechos indígenas internacionales".

Con sus alegatos, "el gobierno federal ha retrasado el proceso de manera que a más de un año de presentada la reclamación, la OIT no ha comenzado el estudio de fondo de la misma".