Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 10 de diciembre de 2002
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Política

La Fepade afina los detalles para que el priísta se presente en calidad de testigo

En dos o tres semanas Labastida podría ser citado a declarar por el Pemexgate

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) prepara la comparecencia de Francisco Labastida Ochoa en calidad de testigo en la investigación del Pemexgate.

Fuentes gubernamentales revelaron que a un año de que la Procuraduría General de la República (PGR) inició la investigación del desvío de recursos de Petróleos Mexicanos al Partido Revolucionario Institucional, no se descarta que el ex candidato presidencial priísta pudiera ser llevado a los tribunales.

Este 10 de diciembre se cumple exactamente un año de que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) denunció ante la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) el desvío de mil 100 millones de pesos de Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y señalaba como responsables al ex director de la paraestatal, otros cuatro ex funcionarios y a Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, dirigentes petroleros.

Sin embargo, para el 11 de diciembre la UEDO, con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tomó conocimiento de que de los mil 100 millones de pesos, 640 millones de pesos habían sido cobrados por empleados priístas bajo el mando de la Secretaría de Finanzas del tricolor.

El 19 de diciembre la UEDO arraigó a tres de los encargados de transportar el dinero de la empresa de resguardo de valores Cometra a la sede nacional del PRI utilizando una la camioneta propiedad de Francisco Labastida Ochoa. Los tres, Alonso Veraza, Andrés Heredia y Melitón Antonio Cáceres, se convirtieron en testigos de la PGR.

Un mes después, es decir, el 19 de enero, La Jornada publicó que la PGR investigaba el Pemexgate, que tenía tres arraigados en proceso de convertirse en testigos protegidos, el monto del desvío y los vínculos que existían entre Pemex, el STPRM y el PRI.

Las pruebas de papel

En tanto, con las declaraciones ministeriales de los testigos la UEDO prácticamente obtuvo la historia de lo que fue el Pemexgate; sin embargo, la falta de documentos que corroboren muchos de los datos aportados ha impedido que se termine de consignar el asunto ante jueces federales, ya que aún se encuentran en proceso dos averiguaciones previas, una por delincuencia organizada y otra por delitos electorales. En esta última, indicaron las fuentes, se siguen sumando menciones, lugares y detalles que llevarán a la comparecencia ministerial de Francisco Labastida.

Pieza clave en la indagatoria de la Fepade han sido los interrogatorios realizados en los últimos dos meses, en los cuales varios funcionarios cercanos al ex director de Pemex Rogelio Montemayor Seguy han detallado situaciones que se han ido corroborando y que involucran de manera directa en el asunto a Francisco Labastida.

De acuerdo con versiones obtenidas, el citatorio para el ex candidato presidencial del PRI podría tardar dos o tres semanas. Su comparecencia se solicitará en calidad de testigo.

Sin embargo, las mismas fuentes mencionaron que las declaraciones de funcionarios cercanos a Montemayor Seguy han permitido obtener datos indiciarios y circunstanciales de la participación del ex abanderado tricolor en 2000, en la negociación de líderes priístas con el titular de la paraestatal para desviar recursos presupuestales a la campaña priísta.

Llamadas, lugares, momentos de encuentro o de charla entre Montemayor Seguy, Dulce María Sauri, Francisco Labastida y Emilio Gamboa Patrón supuestamente han sido descritos como parte de esas negociaciones, por una secretaria del primero.

Los entrevistados aseguraron en términos coloquiales que en los últimos días se han sumado "tabiques a la barda" y no se descarta que para los primeros días del 2003 la Fepade pudiera tener, al igual que la UEDO, todos los elementos para fincar responsabilidades a ex dirigentes priístas, incluyendo algunos que hoy gozan de fuero constitucional.

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