FONDOS DE CAMPAÑA
Lo impide la Ley Federal de Transparencia; son informes
''reservados'', dice el instituto
Niega el IFE a PRI y PRD información sobre el
Pemexgate y los Amigos de Fox
Son procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, aún en trámite, responde
MIREYA CUELLAR
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la
Revolución Democrática (PRD) se convirtieron ya en los primeros
damnificados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Gubernamental, en vigor desde el pasado 12 de junio. Al amparo de dicha
legislación, la Comisión de Fiscalización del Instituto
Federal Electoral (IFE) les negó informes sobre las indagatorias
que realiza en torno al Pemexgate y Amigos de Fox.
El senador Fidel Herrera y Pablo Gómez, representantes
de PRI y PRD, respectivamente, ante el Consejo General del IFE, recibieron
un rotundo ''no'' a su demanda informativa por parte de la comisión
que preside Alonso Lujambio, con el argumento de que dicha información
está clasificada como ''reservada''.
El
priísta quiso conocer el desarrollo de la investigación sobre
los Amigos de Fox, quienes presuntamente habrían servido de puente
para que fluyera el financiamiento extranjero a la campaña del hoy
presidente Vicente Fox, mientras que Gómez pretendió acceder
a las pesquisas sobre el supuesto desvío de recursos de Pemex a
la campaña de Francisco Labastida.
Justificación legal
La comisión, que respondió por separado
a las peticiones, usó en ambos casos el argumento de que se trata
de ''procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que aún
se encuentran en trámite'' y que por lo tanto se colocan en los
supuestos de los artículos 14, fracción IV, y 20, fracción
VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Gubernamental, que establece:
Artículo 14. También se considera información
reservada: (...) IV. los expedientes judiciales o de procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado (es decir,
sean definitivos).
Artículo 20. Los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales y, en relación con éstos,
deberán: (...) VI. adoptar las medidas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado.
Así, les dicen a Herrera y Gómez: ''La información
que usted solicita cae bajo el supuesto del artículo 14, fracción
IV, antes citado, es decir, se considera como información reservada''.
Además, dice el oficio enviado a los representantes
del PRD y del PRI -que fue rechazado en el seno de la comisión por
los consejeros José Barragán y Jaime Cárdenas, quienes
junto a la rúbrica colocaron la leyenda ''en contra de la mayoría''-,
que la comisión no sólo está obligada a cumplir el
artículo 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia,
sino que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) ha decidido también someterse a dicha
normatividad y por lo tanto las notificaciones en estrados que hace por
ley sobre el Pemexgate y los Amigos de Fox ya no contendrán
la totalidad del texto de las resoluciones, sino que se hará un
resumen ''en el que no se mencionen los datos concretos de las personas
físicas y morales y demás información relacionada
con la investigación que efectúa el IFE''.
Este criterio del tribunal fue debatido por el Consejo
General del IFE en su sesión del pasado 3 de octubre. El consejero
Cárdenas argumentó que con esa resolución el tribunal
''limita la publicidad de sus actuaciones y pretende imponer al IFE la
asunción inmediata de una obligación'' que aún no
ha sido regulada. Según la Ley Federal de Transparencia, el instituto
tiene un plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, para
emitir una ley reglamentaria o acuerdos de carácter general que
den vida a dicha ley. Por otra parte, el tribunal tampoco ha reglamentado
la aplicación interna de la ley de transparencia. En este caso corresponde
a la comisión de administración del tribunal elaborar dicha
reglamentación.
Para el consejero Cárdenas, la decisión
del IFE de negar la información a los partidos ''traslada el halo
de confidencialidad del secreto bancario a los expedientes en su conjunto
del Pemexgate y los Amigos de Fox. Es verdad que la información
bancaria que nos llegue, si esto sucede, no se podrá divulgar; sin
embargo, el resto de la información no está reservada, como
en una interpretación extensiva pretende hacer valer el tribunal
y ahora el IFE''.
''Resoluciones escurridizas''
La forma como se vienen desarrollando las investigaciones
hace pensar, dijo el consejero Cárdenas, que Amigos de Fox y el
Pemexgate son casos que ''cada día se encuentran más
lejos de ser resueltos; todas las acciones realizadas topan con dilación,
resoluciones escurridizas y chicanas''.
Sin embargo, y pese a esa situación, Cárdenas
solicitó a la Comisión de Fiscalización que incluya
en sus investigaciones sobre los Amigos de Fox el contenido de la entrevista
que el Presidente dio el pasado 3 de octubre al programa televisivo En
Contraste, durante la cual dijo que no hay punto de comparación
entre el Pemexgate y los Amigos de Fox, porque unos fueron recursos
públicos y otros privados.
Y mientras los partidos batallan con el IFE para conseguir
la información que tiene sobre los dos casos político-electorales
más importantes del momento, el instituto a su vez tiene dificultades
para que la Procuraduría General de la República (PGR) le
entregue la copia certificada del expediente de la averiguación
previa 055/Fepade/2002, correspondiente a la investigación sobre
Pemex y el desvío de recursos hacia el PRI.
Plazo a la PGR
Alonso Lujambio pidió a José Woldenberg,
presidente del IFE, que ponga a la PGR un plazo de diez días hábiles
para remitir la documentación.
Hasta el momento, y a manera de favor, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sólo
ha permitido que Alonso Lujambio y Arturo Sánchez Gutiérrez,
este último secretario técnico de la Comisión de Fiscalización,
revisen en sus instalaciones el expediente, pero no les autorizó
obtener copias.
Los requerimientos del Instituto Federal Electoral -se
supone que el consejero presidente José Woldenberg ya cursó
a la PGR la petición de Lujambio- son porque ''recientes acontecimientos
públicos y notorios permiten suponer que dicha averiguación
ha concluido'', dice el oficio turnado por Lujambio, en referencia a las
órdenes de aprehensión.