Señora directora: Solicitamos la publicación de la siguiente carta:

C. Vicente Fox, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente.

C. Santiago Creel, secretario de Gobernación, presente.

C.C. Integrantes del Congreso de la Unión, presentes.

Las personas abajo firmantes nos dirigimos a ustedes principalmente, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las autoridades responsables en el tema para manifestar que:

Enteradas de la situación en la que ha vivido la región zapoteca de los Loxichas, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, en la que se han documentado ampliamente violaciones graves a los derechos humanos de cientos de familias.

De que resultado de esta situación que ha vulnerado gravemente los derechos humanos, desde 1996 a la fecha un grupo de 20 indígenas loxichas permanecen encarcelados acusados de delitos del fuero federal; la denuncia realizada por ellos, sus familias y organizaciones de derechos humanos, nos hablan de personas que han sido víctimas de la tortura, de la desaparición forzada, entre otras afrentas a su dignidad.

También estamos enteradas de que estos indígenas en prisión y sus familias han iniciado una petición al gobierno federal y al Congreso de la Unión para promover y promulgar una Ley de Amnistía que ponga en libertad inmediata no sólo a estos 20 loxichas reconocidos como presos de conciencia y de situaciones políticas, sino a todas las personas que se encuentran en las mismas condiciones en todo el país.

El tránsito a la democracia requiere acciones concretas que demuestren el compromiso gubernamental con los derechos humanos; el estado de derecho demanda la vigencia de las leyes para todos los mexicanos, y la eficacia de la justicia necesita prácticas que resarzan, al menos en parte, las graves violaciones que se han cometido contra indígenas como los Loxicha.

Por lo anterior nos unimos a la petición de libertad para los indígenas de Loxicha, pues ello representaría un primer paso que demuestre la congruencia del gobierno del presidente Vicente Fox con los derechos humanos, el estado de derecho y la justicia.

Atentamente

Francisco Toledo, Carlos Monsiváis, Iván Restrepo, Azael Rodríguez, Ariel M. B.

El gobierno actual, lejos de ser popular, opinan

Estimada directora: Mucho le agradecemos publicar en su leída página de El Correo Ilustrado la siguiente declaración de nuestra organización, Liga de Unidad Socialista:

El desastre del Sureste mexicano ocasionado por las fuerzas de la naturaleza, que afectó ante todo a los estados de Yucatán y Campeche, ha puesto en evidencia la fragilidad de la estructura económica mexicana y la corrupción existente en el sistema político nacional: En efecto, el huracán Isidore, además de destruir las viviendas y dejar sin recursos a los sectores de la población más desfavorecidos, destruyó gran parte del sector productivo de la región, como ha informado puntualmente La Jornada: las granjas avícolas y porcinas fueron destruidas en su totalidad, igualmente se perdió la producción agrícola, decenas de miles de personas han quedado sin empleo y en el más completo desamparo. La cauda de desastres podría seguirse enumerando.

En una situación así, un gobierno popular declararía una situación de emergencia nacional y la concentración de recursos para destinarlos a la atención de los damnificados y la rápida reconstrucción de la infraestructura de los estados afectados. Pero el gobierno del presidente Fox y los gobernadores de los estados afectados están lejos de representar ese tipo de gobiernos que necesita el pueblo de México; en cambio se avientan la pelota entre ellos del mal manejo de los pocos recursos que se han destinado a los damnificados, incluso el presidente Fox llegó al extremo de regañar a infortunadas víctimas del siniestro natural. La triste situación de nuestro país se refleja en que mientras la población afectada espera la ayuda, los partidos políticos gobernantes están enfrascados en las discusiones del Pemexgate y de los amigos de Fox, mostrando cuales son sus verdaderos intereses: prepararse para las elecciones del 2003 con las prerrogativas presupuestales más grandes posibles.

La tragedia nacional que hoy nos embarga es una muestra más, por si la necesitáramos, de la gran urgencia que existe en nuestro país de una transformación radical de sus estructuras sociales, económicas y políticas.

Manuel Aguilar Mora, Ismael Contreras Plata, Alejandro Gálvez Cancino, José Juan Grijalva, Magda Morales

Exige se anulen antecedentes penales de presos políticos del 68

Señora directora: El 5 de abril del presente año, en El Correo Ilustrado denuncié que a 34 años de distancia del Movimiento Estudiantil, seguimos estigmatizados quienes participamos en él; al negarme el trabajo en la Dirección General de Operación Urbana del Estado de México, pues el gobierno mexiquense no admite en el servicio público a personas con antecedentes penales y, porque la Dirección General de Servicios Periciales de la PGJDF emitió mis antecedentes penales (diez delitos) sin aclarar que salí de la cárcel en libertad bajo protesta, desistimiento del procurador general de la República de aquel entonces y, posteriormente, bajo la Ley de Amnistía de 1978 para los procesados por el Movimiento Estudiantil de 1968.

Entre el 8 y 9 de abril del presente año, hice llegar al Presidente de la República, al secretario de Gobernación, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al gobernador del estado de México, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al, al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, mi queja y una única petición, que dice: "porque no quiero que este acto injusto y vergonzoso se repita, exijo que desaparezcan los antecedentes paneles de los presos políticos del 68".

De los arriba mencionados, de tres no tenido contestación: del jefe de Gobierno del Distrito Federal, del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Del gobernador del estado de México, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tuve contestación que suspendí, por desistimiento, al considerar que mi demanda va más allá de los ordenamientos administrativos del gobierno mexiquense que me impidieron acceder a un empleo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se deslinda al considerar que mi queja tiene carácter local y no federal olvidando que fui procesado y encarcelado injustamente por delitos federales inventados (invitación a la rebelión y sedición) que a 34 años me siguen afectando las consecuencias de ese juicio. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, resuelve dar por concluido el expediente al considerar que "no hay evidencia de que contra usted se hubiera dictado sentencia condenatoria", ignorando, por superficialidad, que sí tuve condena de 28 años por el "juez" Eduardo Ferrer MacGregor, al igual que muchos compañeros de la partida 272/68 del juzgado primero de distrito del Distrito Federal en materia penal.

El secretario de Gobernación, remite mi queja al procurador general de la República y me comunican que "su escrito ha sido turnado a la Fiscalía Especial...".

Por último, la Coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República me envía una carta, fechada el 1 de agosto, que dice: "Estimado Salvador: El Presidente Vicente Fox recibió la carta en la que solicita sean eliminados sus antecedentes penales con motivo de su participación en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968... el Presidente me dio instrucciones para que enviemos al Gobierno del Distrito Federal, una copia de su petición a fin de que ahí se vea la forma de poder ayudarle". (Sic, sic y recontra-sic). Junto con la carta, viene un mensaje del Presidente de la República, impreso a color y con su foto que al calce dice: "Mi compromiso es contigo".

El repiplo de mi carta, terminó donde tenía que terminar: al principio.

Las autoridades ?se tiran la pelota? rehusan al compromiso de revisar los aberantes procesos que nos fueron impuestos por el Poder Judicial abyecto y servil, sometido a la intolerancia e impunidad del presidencialismo autoritario de esa época y que, aún, a 34 años de distancia, nos sigue causando daños económicos y morales.

Salvador Ruiz Villegas

Invitación

Seminario: Crítica al discurso de la globalización
 
 

A más de un año del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y cerca posible ataque militar de Estados Unidos a Irak, es urgente hacer un balance del saldo que el discurso de la globalización ha dejado en realidad, ya que ni la paz ni la prosperidad que prometía, aparecen en el futuro cercano. Hemos abierto un seminario permanente sobre este tema en la facultad de economía. Iniciamos con la mesa Crítica al Discurso de la Globalización con la presencia de Bolívar Echeverría, Guillermo Almeyra y Luis Arizmendi en el Auditorio Ho Chi Minh el próximo miércoles 9 de octubre a las 12:30 horas. Invita: CEU-Economía

Agradeciendo de antemano su atención.

Edy Hernández Rivera