Legisladores estatales proponen nueva normatividad
Castigarían en California a patrones que cesen
ilegales de manera injusta
JORGE ALBERTO CORNEJO Y CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSALES
Una nueva legislación en California, Estados Unidos,
impondría sanciones contra empleadores de inmigrantes indocumentados
que sean despedidos de manera injusta.
La iniciativa legal SB 1818 fue aprobada por el Comité
Laboral de la Asamblea del Senado estatal el pasado miércoles. Nació
a raíz de la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia
de Estados Unidos de no pagar salarios retroactivos a trabajadores indocumentados
despedidos.
La nueva medida requeriría a los tribunales y oficinas
laborales locales en California calcular la cantidad de pagos retroactivos
que se le deben al empleado.
Posteriormente esa misma cifra sería clasificada
como "multa civil", la cual iría directamente al trabajador o a
un fondo especial para los empleados víctimas de despidos ilegales.
Si la norma es aprobada por el pleno de la legislatura
californiana y subsecuentemente avalada por el gobernador, se fortalecerían
los estatutos laborales del estado a un nivel más estricto.
Sin embargo, la Asociación de Fabricantes y Tecnología
(CMTA) se opone a la medida, según publicó el diario La
Opinión de Los Angeles, California. Adujo que la decisión
de la Suprema Corte marca la pauta en cuanto a la diferencia entre las
leyes laborales y las de inmigración, y que las decisiones de la
Corte federal podrían ser eclipsadas por su homóloga estatal.
La propuesta pasó en el comité con cinco
votos a favor y dos en contra, y ahora se dirige al Comité de Apropiaciones
de la Asamblea.
Entretanto, la iniciativa AB 325 de la asambleísta
Sarah Reyes, de Fresno, California, impediría que patrones obliguen
a sus empleados a pagar cuotas especiales por transporte, así como
por el cobro de un cheque de trabajo. Varios trabajadores del campo alegan
que tienen que pagar por ello, aun si no usan los servicios, y que si se
niegan son despedidos o no son contratados.
La nueva legislación, en caso de ser aprobada,
impondría multas de por lo menos 5 mil dólares por ofensa,
90 días de cárcel y la pérdida del permiso de trabajo
para el contratista.
Otro mexicano muerto por deshidratación
Por otra parte, las altas temperaturas del desierto ocasionaron
la muerte de un indocumentado mexicano en Tucson, con lo que durante este
año suman 56 los decesos registrados en la frontera entre Sonora
y Arizona, informó Alberto Fresques, portavoz de la Patrulla Fronteriza
de Estados Unidos.
Indicó que hasta el momento sólo tienen
conocimiento, por las características físicas, de que la
víctima es un hombre de 35 años, de nacionalidad mexicana,
pero se desconoce su nombre porque no traía consigo ningún
documento de identidad.
Explicó que fue localizado luego de que se alertó
a los funcionarios estadunidenses de que un migrante requería atención
médica y sufría de deshidratación, pero al llegar
al lugar los agentes encontraron el cuerpo sin vida.