Legisladores estatales proponen nueva normatividad

Castigarían en California a patrones que cesen ilegales de manera injusta

JORGE ALBERTO CORNEJO Y CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSALES

Una nueva legislación en California, Estados Unidos, impondría sanciones contra empleadores de inmigrantes indocumentados que sean despedidos de manera injusta.

La iniciativa legal SB 1818 fue aprobada por el Comité Laboral de la Asamblea del Senado estatal el pasado miércoles. Nació a raíz de la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de no pagar salarios retroactivos a trabajadores indocumentados despedidos.

La nueva medida requeriría a los tribunales y oficinas laborales locales en California calcular la cantidad de pagos retroactivos que se le deben al empleado.

Posteriormente esa misma cifra sería clasificada como "multa civil", la cual iría directamente al trabajador o a un fondo especial para los empleados víctimas de despidos ilegales.

Si la norma es aprobada por el pleno de la legislatura californiana y subsecuentemente avalada por el gobernador, se fortalecerían los estatutos laborales del estado a un nivel más estricto.

Sin embargo, la Asociación de Fabricantes y Tecnología (CMTA) se opone a la medida, según publicó el diario La Opinión de Los Angeles, California. Adujo que la decisión de la Suprema Corte marca la pauta en cuanto a la diferencia entre las leyes laborales y las de inmigración, y que las decisiones de la Corte federal podrían ser eclipsadas por su homóloga estatal.

La propuesta pasó en el comité con cinco votos a favor y dos en contra, y ahora se dirige al Comité de Apropiaciones de la Asamblea.

Entretanto, la iniciativa AB 325 de la asambleísta Sarah Reyes, de Fresno, California, impediría que patrones obliguen a sus empleados a pagar cuotas especiales por transporte, así como por el cobro de un cheque de trabajo. Varios trabajadores del campo alegan que tienen que pagar por ello, aun si no usan los servicios, y que si se niegan son despedidos o no son contratados.

La nueva legislación, en caso de ser aprobada, impondría multas de por lo menos 5 mil dólares por ofensa, 90 días de cárcel y la pérdida del permiso de trabajo para el contratista.

Otro mexicano muerto por deshidratación

Por otra parte, las altas temperaturas del desierto ocasionaron la muerte de un indocumentado mexicano en Tucson, con lo que durante este año suman 56 los decesos registrados en la frontera entre Sonora y Arizona, informó Alberto Fresques, portavoz de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Indicó que hasta el momento sólo tienen conocimiento, por las características físicas, de que la víctima es un hombre de 35 años, de nacionalidad mexicana, pero se desconoce su nombre porque no traía consigo ningún documento de identidad.

Explicó que fue localizado luego de que se alertó a los funcionarios estadunidenses de que un migrante requería atención médica y sufría de deshidratación, pero al llegar al lugar los agentes encontraron el cuerpo sin vida.