Comuneros de Jalisco lo acusan de incitar a la violencia a ejidatarios de El Refugio

Funcionario zacatecano aviva conflicto limítrofe

Niegan haber invadido predio y demandan que se respete resolución de tribunal agrario

RAMON VERA HERRERA ESPECIAL PARA LA JORNADA

San Andres Cohamiata, Jal., 28 de junio. En un escueto comunicado dirigido a la opinión pública, Florencio López Carrillo, Juan Carrillo Carrillo y Angel Bautista Parra, integrantes del comisariado de bienes comunales de San Andrés Cohamiata, salieron al paso de lo que consideran declaraciones "falsas y que constituyen el delito de difamación", vertidas en días recientes por Arturo Nahle García, secretario general de Gobierno de Zacatecas.

Lo anterior, dentro del conflicto limítrofe entre esta comunidad ubicada en Mezquitic, Jalisco, y el ejido San José del Refugio, del municipio zacatecano de Valparaíso, que fue resuelto desde 1994 en favor de los huicholes de San Andrés, por el tribunal unitario agrario del primer distrito de Zacatecas, mediante el juicio 232/93, resolución que fue ejecutada en 1997, después de varios recursos jurídicos interpuestos.

Pese a lo anterior (apuntan las autoridades huicholas), Arturo Nahle se ha dedicado a difundir que la superficie de mil 700 hectáreas sigue en disputa, que los huicholes han invadido el predio en cuestión (cuando desde tiempos inmemoriales mantienen la posesión del mismo).

Además, que el ex titular del comisariado ejidal de El Refugio, Antonio Escalante Escalante, "murió acribillado en días recientes cuando realizaba labores de siembra, por un sujeto al que presuntamente contrataron huicholes de San Andrés (después que) días antes los huicholes habían amenazado públicamente con matarlo" (ver las declaraciones de Arturo Nahle a Alfredo Valadez, La Jornada, 14 de junio).

Ante esto último, los integrantes del comisariado de bienes comunales de San Andrés puntualizan que es de todos conocido que "dicha persona fue asesinada hace más de dos meses, y no hace dos semanas, en su propia casa, según testigos, y en estos hechos nada tuvieron que ver los integrantes de la comunidad de San Andrés Cohamiata".

Según el rumor en la zona, cuentan varios de los comuneros entrevistados, Escalante fue muerto por disputas particulares, "muy probablemente a manos de gente de su misma localidad, y en ningún momento su fallecimiento tiene que ver con el problema agrario" que el gobierno de Zacatecas parece estar escalando.

Como remarcara uno de los comuneros, "para eso están los agentes del Ministerio Público, que son los que persiguen cualquier delito. Ellos tienen la obligación de investigar. No se vale que sin tener elementos suficientes se aliente la inestabilidad o la confrontación".

Los puntos jurídicos

Es relevante resaltar dos puntos jurídicos que pesan para valorar las declaraciones de Arturo Nahle y la respuesta de las autoridades wixárikas. Primero, efectivamente no se trata de la disputa jurídica de un predio, pues esto ya fue resuelto por la vía legal en favor de la comunidad huichola. Segundo, los huicholes siempre han estado en posesión de las mil 700 hectáreas que todavía reclama El Refugio.

Con base en lo anterior, desde 1994 el tribunal unitario agrario, en la sentencia del juicio 232/93, resolvió: "Se condena a los demandados (los ejidatarios de El Refugio) a dejar de molestar en la posesión, en una superficie de 1,700-75-37,73 hectáreas, a la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco".

Desde la resolución del tribunal unitario agrario y hasta la fecha, los habitantes de El Refugio han incurrido, según versiones de los comuneros huicholes, en diversas anomalías, como el corte de alambres, la introducción de su ganado a los terrenos en cuestión y, como afirma en su comunicado el comisariado de bienes comunales de San Andrés, en "destrozos que dichos ejidatarios hacen de nuestros lienzos, las amenazas que nos lanzan y últimamente la quema de dos casas de comuneros".

Como lo han venido haciendo desde 1997 con apoyo de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, la Procuraduría Agraria del estado y la Dirección de Asuntos Agrarios, los comuneros huichole notificaron a los ejidatarios de El Refugio que debían sacar sus animales, ganado bovino, equino y asnal, y que dejaran de trabajar las tierras de la comunidad antes del día 20 de junio de este año. De no ser así, se procedería al "realeo de los animales".

Dado el carácter legal de la notificación, se citó a las autoridades agrarias y a los ejidatarios de El Refugio para sostener una reunión en la fecha señalada.

Esta acción, consecuencia directa de una resolución jurídica que los favorece, fue calificada por Arturo Nahle como "invasión" (ver La Jornada, 14 de junio, y Reforma, 23 de junio), y el gobierno zacatecano envió a "un grupo de 60 agentes de la Policía Estatal Preventiva, además de miembros de la Agencia Federal de Investigación, al municipio de Valparaíso, para evitar un eventual enfrentamiento por cuestiones agrarias entre ejidatarios zacatecanos y huicholes de Jalisco" (Reforma, 20 de junio).

El pasado día 20, según los propios comuneros, unos 250 wixárikas se presentaron en la zona para constatar si efectivamente los ejidatarios estaban cumpliendo con la obligación legal descrita en la sentencia del tribunal agrario, y en presencia de las autoridades agrarias de Jalisco y Zacatecas dialogaron con Gerardo Herrera, coordinador de la Policía Federal Preventiva zacatecana, y después de dos horas de pláticas se retiraron.

"No se trata de una invasión", remarcan los comuneros de San Andrés. "Los de El Refugio insisten en meter su ganado y trabajar tierras que son nuestras, de las cuales tenemos posesión. Ahora dicen que la sentencia del tribunal agrario no es restitutiva. No es restitutiva porque aquí hemos estado.

"El Refugio ?agregan? debe entender que el conflicto se resolvió en su contra. A mediados de los años sesenta buscaron una ampliación de su ejido, por 2 mil 500 hectáreas, y el tribunal, viendo que tal ampliación se superponía con tierras nuestras, sólo les concedió unas 800 hectáreas.

"El día que apareció la primera nota en donde nos llamaban invasores y que les habíamos enviado un ultimátum a los de El Refugio para que se salieran, nuestras autoridades estaban en la ciudad de México dialogando sobre todos estos asuntos con la Subprocuraduría Agraria a nivel federal", comentaron los ejidatarios de San Andrés.

En la minuta de dicha reunión (que obra en poder de La Jornada), las autoridades agrarias federales apuntaban: "Se buscará, con el apoyo de la delegación en Jalisco, por la vía conciliatoria, la forma de lograr la materialización de la resolución dictada por el tribunal unitario agrario con sede en Zacatecas, en favor de la comunidad de San Andrés Cohamiata".

¿Por qué entonces desde el gobierno zacatecano se insiste en presentar a los comuneros huicholes como invasores que están afectando a los ejidatarios de El Refugio e, incluso, acusarlos de cometer un asesinato? En opinión de las autoridades agrarias de San Andrés, el secretario de Gobierno zacatecano ha incitado "a los ejidatarios de San José del Refugio a que no respeten la sentencia ejecutada por el tribunal agrario", y con esto "violenta el estado de derecho". "Nosotros estamos apelando a ese estado de derecho, pero de ninguna manera estamos violentando algo ajeno", remarcan los comuneros.

Preocupados por el hecho de que en todas las notas que abordan el asunto se toca también el conflicto entre tepehuanos de Durango y el mismo ejido de El Refugio, los habitantes de San Andrés aprovechan la ocasión para deslindarse "de ese problema que pueda existir. Ese es un asunto que les toca a las autoridades agrarias determinar. Nosotros no conocemos cuáles son las condiciones ni la historia de ese litigio".