Comuneros de Jalisco lo acusan de incitar a
la violencia a ejidatarios de El Refugio
Funcionario zacatecano aviva conflicto limítrofe
Niegan haber invadido predio y demandan que se respete
resolución de tribunal agrario
RAMON VERA HERRERA ESPECIAL PARA LA JORNADA
San Andres Cohamiata, Jal., 28 de junio. En un
escueto comunicado dirigido a la opinión pública, Florencio
López Carrillo, Juan Carrillo Carrillo y Angel Bautista Parra, integrantes
del comisariado de bienes comunales de San Andrés Cohamiata, salieron
al paso de lo que consideran declaraciones "falsas y que constituyen el
delito de difamación", vertidas en días recientes por Arturo
Nahle García, secretario general de Gobierno de Zacatecas.
Lo anterior, dentro del conflicto limítrofe entre
esta comunidad ubicada en Mezquitic, Jalisco, y el ejido San José
del Refugio, del municipio zacatecano de Valparaíso, que fue resuelto
desde 1994 en favor de los huicholes de San Andrés, por el tribunal
unitario agrario del primer distrito de Zacatecas, mediante el juicio 232/93,
resolución que fue ejecutada en 1997, después de varios recursos
jurídicos interpuestos.
Pese a lo anterior (apuntan las autoridades huicholas),
Arturo Nahle se ha dedicado a difundir que la superficie de mil 700 hectáreas
sigue en disputa, que los huicholes han invadido el predio en cuestión
(cuando desde tiempos inmemoriales mantienen la posesión del mismo).
Además, que el ex titular del comisariado ejidal
de El Refugio, Antonio Escalante Escalante, "murió acribillado en
días recientes cuando realizaba labores de siembra, por un sujeto
al que presuntamente contrataron huicholes de San Andrés (después
que) días antes los huicholes habían amenazado públicamente
con matarlo" (ver las declaraciones de Arturo Nahle a Alfredo Valadez,
La Jornada, 14 de junio).
Ante esto último, los integrantes del comisariado
de bienes comunales de San Andrés puntualizan que es de todos conocido
que "dicha persona fue asesinada hace más de dos meses, y no hace
dos semanas, en su propia casa, según testigos, y en estos hechos
nada tuvieron que ver los integrantes de la comunidad de San Andrés
Cohamiata".
Según el rumor en la zona, cuentan varios de los
comuneros entrevistados, Escalante fue muerto por disputas particulares,
"muy probablemente a manos de gente de su misma localidad, y en ningún
momento su fallecimiento tiene que ver con el problema agrario" que el
gobierno de Zacatecas parece estar escalando.
Como remarcara uno de los comuneros, "para eso están
los agentes del Ministerio Público, que son los que persiguen cualquier
delito. Ellos tienen la obligación de investigar. No se vale que
sin tener elementos suficientes se aliente la inestabilidad o la confrontación".
Los puntos jurídicos
Es
relevante resaltar dos puntos jurídicos que pesan para valorar las
declaraciones de Arturo Nahle y la respuesta de las autoridades wixárikas.
Primero, efectivamente no se trata de la disputa jurídica de un
predio, pues esto ya fue resuelto por la vía legal en favor de la
comunidad huichola. Segundo, los huicholes siempre han estado en posesión
de las mil 700 hectáreas que todavía reclama El Refugio.
Con base en lo anterior, desde 1994 el tribunal unitario
agrario, en la sentencia del juicio 232/93, resolvió: "Se condena
a los demandados (los ejidatarios de El Refugio) a dejar de molestar en
la posesión, en una superficie de 1,700-75-37,73 hectáreas,
a la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic,
Jalisco".
Desde la resolución del tribunal unitario agrario
y hasta la fecha, los habitantes de El Refugio han incurrido, según
versiones de los comuneros huicholes, en diversas anomalías, como
el corte de alambres, la introducción de su ganado a los terrenos
en cuestión y, como afirma en su comunicado el comisariado de bienes
comunales de San Andrés, en "destrozos que dichos ejidatarios hacen
de nuestros lienzos, las amenazas que nos lanzan y últimamente la
quema de dos casas de comuneros".
Como lo han venido haciendo desde 1997 con apoyo de la
Procuraduría General de Justicia de Jalisco, la Procuraduría
Agraria del estado y la Dirección de Asuntos Agrarios, los comuneros
huichole notificaron a los ejidatarios de El Refugio que debían
sacar sus animales, ganado bovino, equino y asnal, y que dejaran de trabajar
las tierras de la comunidad antes del día 20 de junio de este año.
De no ser así, se procedería al "realeo de los animales".
Dado el carácter legal de la notificación,
se citó a las autoridades agrarias y a los ejidatarios de El Refugio
para sostener una reunión en la fecha señalada.
Esta acción, consecuencia directa de una resolución
jurídica que los favorece, fue calificada por Arturo Nahle como
"invasión" (ver La Jornada, 14 de junio, y Reforma,
23 de junio), y el gobierno zacatecano envió a "un grupo de 60 agentes
de la Policía Estatal Preventiva, además de miembros de la
Agencia Federal de Investigación, al municipio de Valparaíso,
para evitar un eventual enfrentamiento por cuestiones agrarias entre ejidatarios
zacatecanos y huicholes de Jalisco" (Reforma, 20 de junio).
El pasado día 20, según los propios comuneros,
unos 250 wixárikas se presentaron en la zona para constatar si efectivamente
los ejidatarios estaban cumpliendo con la obligación legal descrita
en la sentencia del tribunal agrario, y en presencia de las autoridades
agrarias de Jalisco y Zacatecas dialogaron con Gerardo Herrera, coordinador
de la Policía Federal Preventiva zacatecana, y después de
dos horas de pláticas se retiraron.
"No se trata de una invasión", remarcan los comuneros
de San Andrés. "Los de El Refugio insisten en meter su ganado y
trabajar tierras que son nuestras, de las cuales tenemos posesión.
Ahora dicen que la sentencia del tribunal agrario no es restitutiva. No
es restitutiva porque aquí hemos estado.
"El Refugio ?agregan? debe entender que el conflicto se
resolvió en su contra. A mediados de los años sesenta buscaron
una ampliación de su ejido, por 2 mil 500 hectáreas, y el
tribunal, viendo que tal ampliación se superponía con tierras
nuestras, sólo les concedió unas 800 hectáreas.
"El día que apareció la primera nota en
donde nos llamaban invasores y que les habíamos enviado un ultimátum
a los de El Refugio para que se salieran, nuestras autoridades estaban
en la ciudad de México dialogando sobre todos estos asuntos con
la Subprocuraduría Agraria a nivel federal", comentaron los ejidatarios
de San Andrés.
En la minuta de dicha reunión (que obra en poder
de La Jornada), las autoridades agrarias federales apuntaban: "Se
buscará, con el apoyo de la delegación en Jalisco, por la
vía conciliatoria, la forma de lograr la materialización
de la resolución dictada por el tribunal unitario agrario con sede
en Zacatecas, en favor de la comunidad de San Andrés Cohamiata".
¿Por qué entonces desde el gobierno zacatecano
se insiste en presentar a los comuneros huicholes como invasores que están
afectando a los ejidatarios de El Refugio e, incluso, acusarlos de cometer
un asesinato? En opinión de las autoridades agrarias de San Andrés,
el secretario de Gobierno zacatecano ha incitado "a los ejidatarios de
San José del Refugio a que no respeten la sentencia ejecutada por
el tribunal agrario", y con esto "violenta el estado de derecho". "Nosotros
estamos apelando a ese estado de derecho, pero de ninguna manera estamos
violentando algo ajeno", remarcan los comuneros.
Preocupados por el hecho de que en todas las notas que
abordan el asunto se toca también el conflicto entre tepehuanos
de Durango y el mismo ejido de El Refugio, los habitantes de San Andrés
aprovechan la ocasión para deslindarse "de ese problema que pueda
existir. Ese es un asunto que les toca a las autoridades agrarias determinar.
Nosotros no conocemos cuáles son las condiciones ni la historia
de ese litigio".