Central de Organizaciones Campesinas

Con dinero que pagará la SRA se podrían resolver demandas de 30 mil labriegos

ANGELES CRUZ

Al menos 200 mil hectáreas de cultivo, suficientes para resolver las peticiones de tierra de 30 mil campesinos, podrían comprarse con la indemnización que pagará la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a un particular, aseguró la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP).

La agrupación calificó de sospechosa la rapidez con que se resolvió el litigio encabezado por el senador panista Diego Fernández de Cevallos, cuando en el país existen más de dos mil expedientes agrarios pendientes de resolución. Muchos de ellos, manifestó, tienen más de 50 años en juicio.

Incluso refirió la existencia de cientos de casos en los que resoluciones presidenciales, judiciales y de la propia Reforma Agraria benefician a grupos campesinos y no se han ejecutado por falta de recursos económicos.

José Jacobo Femat, presidente del comité ejecutivo nacional de la organización, habló sobre la experiencia de la COCYP en este tipo de litigios. Normalmente tardan entre 30 y 40 años, a partir de la interposición de la demanda. Además, en la mayoría de los casos, los campesinos demandantes de tierras no tienen acceso a los expedientes, lo cual los deja en la indefensión, aun cuando se justifica su procedencia legal, apuntó.

El gobierno no quiere comprar más tierras para los campesinos

De acuerdo con el dirigente de la agrupación, esta irregularidad tiene su origen en el interés del gobierno federal por no erogar mayores recursos económicos en la compra de tierras para los campesinos.

Incluso recordó que entre 1996 y 1997 la Reforma Agraria suscribió acuerdos con diversas organizaciones sociales, con el propósito de terminar con el rezago de las solicitudes agrarias no resueltas y presentadas con anterioridad a la enmienda del artículo 27 constitucional en 1992.

Dichos acuerdos todavía no se cumplen, supuestamente porque el gobierno federal no tiene dinero para comprar las tierras comprometidas con 600 grupos de solicitantes.

En cambio, señaló, el caso ganado por el despacho del senador Diego Fernández de Cevallos es bien conocido por la Reforma Agraria, dependencia que se apresta a cubrir el adeudo con los descendientes de Gabriel Ramos Millán. Nada parecido al menosprecio que sufren los campesinos.

Por otra parte, Jacobo Femat afirmó que es inaceptable la utilización de la investidura legislativa para favorecer negocios particulares. "Es una burla para el pueblo de México que los poderes de la Unión sirvan como intermediarios y gestores de grandes negocios particulares, auspiciados con recursos públicos".

En virtud de lo anterior, la COCYP planteó al Congreso de la Unión que apruebe la asignación de más recursos públicos, pero sin afectar los programas sociales, para solucionar las más de tres mil peticiones de dotación de tierras.

Una decisión de este tipo contribuirá a la solución de conflictos sociales y a la superación de las condiciones de miseria de decenas de miles de familias campesinas a las que se negó en su momento el derecho a la tierra, concluyó la organización.