Ante la decisión del miércoles de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas de declarar inconstitucional el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en el que están inscritas alrededor de 580 mil personas, la mayoría mexicanas, la cancillería informó que “tomó nota con gran preocupación”.

El programa DACA se instauró en 2012, durante la administración del presidente Barack Obama, en beneficio de indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y aunque no les otorga estatus legal, les permite solicitar permiso de trabajo y contar con licencia de conducir o número de seguro social.

El argumento que presentó el juez Andrew Hanen, del distrito sur de Texas, es que el DACA es ilegal porque debió crearse a partir de una ley expedida por el Congreso y no por el Ejecutivo. Por ahora no afectaría a quienes ya están inscritos, pero ya no podrán adherirse más personas a él. En tanto, el gobierno del presidente Joe Biden aún puede apelar la decisión.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó ayer en un comunicado que los beneficiarios de DACA “han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de Estados Unidos y representan un vínculo invaluable con nuestro país”.

Explicó que dará seguimiento puntual al proceso judicial que esta decisión implica para transmitir de manera actualizada la situación a los dreamers y a sus familias.

Indicó que mediante la red consular en Estados Unidos se reforzarán las acciones de asistencia y protección a esta población con asistencia legal, diagnósticos migratorios y posibles apoyos económicos a partir de las necesidades en cada caso.

Agregó que también se brindará apoyo a los beneficiarios de DACA con el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), y pidió a las personas que forman parte de ese esquema que se acerquen al consulado de México más cercano o se comuniquen al Centro de Información y Asistencia Consular.