Ante la determinación de la Corte del Distrito Sur de Texas de declarar inconstitucional el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país “tomó nota con gran preocupación”, anunció un seguimiento puntual de las implicaciones de este fallo a fin de transmitir información actualizada a las comunidades mexicanas en el país vecino, así como el refuerzo de la asistencia legal y la protección consular a quienes la resolución deja en estado de extrema indefensión: los dreamers, migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y cuya expulsión del país se ha convertido desde la presidencia de Donald Trump en una obsesión para los sectores xenófobos y racistas estadunidenses.
Como se recordará, el DACA fue establecido en 2012, en tiempos de Barack Obama, para permitir a ese sector poblacional vivir y trabajar en Estados Unidos, pero el programa se ha visto sometido a una intensa ofensiva judicial desde 2017, cuando Trump lo interrumpió en forma “arbitraria y caprichosa”, según lo dijo tres años después el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el conservador John Roberts, cuando ese máximo tribunal decidió mantener el DACA en una apretada votación de cinco contra cuatro entre sus ministros. En octubre del año pasado volvió a ser declarado ilegal, lo que impedía acceder a nuevos solicitantes a la protección del programa. Así pues, la resolución emitida el miércoles pasado por el juez federal en Texas Andrew Hanen es sólo el más reciente episodio de una ardua batalla legal que deja en la desprotección y la incertidumbre a unos 650 mil beneficiarios.
Ciertamente, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no fue, ni es, una solución integral para el atropello estructural que padecen los migrantes indocumentados en el país vecino. Se trató de un paliativo humanitario orientado a corregir al menos uno de los aspectos más aberrantes de una legislación migratoria para la cual es lícito expulsar de Estados Unidos a una persona aunque haya vivido allí durante buena parte de su vida. Pero a falta de la reforma migratoria integral que habría debido ser aprobada desde hace varias décadas, el DACA ha significado al menos una mínima certidumbre para cientos de miles de jóvenes que hoy día estudian y trabajan en territorio estadunidense sin haber conocido otra realidad nacional; el privarlos de esa protección es, llanamente, un acto de barbarie.
Por otra parte, el reactivar en su contra la espada de Damocles de la deportación provoca un severo daño al tejido social y a la economía de EU, toda vez que, como señaló la cancillería, los jóvenes connacionales protegidos por el programa “han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de Estados Unidos y representan un vínculo invaluable con nuestro país”.
Cabe esperar que los entornos políticos reaccionarios y fóbicos que han impedido avances en la política migratoria de la nación vecina logren cobrar conciencia de la relevancia que las comunidades migrantes tienen y seguirán teniendo en la economía y en la vida en general y dejen de sabotear el DACA y de torpedear la adopción de una reforma que facilite la integración de los extranjeros en Estados Unidos. Y, en lo inmediato, resulta indispensable activar medidas de protección consular y establecer defensorías de oficio en la red de consulados mexicanos para auxiliar a los connacionales amenazados en sus derechos elementales.
