Bogotá. Separados de las filas del ejército, sin derecho a portar armas e incomunicados entre sí, amanecieron ayer los 10 militares que intimidaron, amenazaron y torturaron durante tres horas a los habitantes de Bocas de Manso, en el municipio de Tierra Alta, al norte del país.

Voceros de la comunidad denunciaron que los militares también violaron a una mujer indígena de la etnia embera y acosaron sexualmente a una menor de edad durante su macabra incursión a esta apartada zona rural del departamento de Córdoba, donde –encapuchados y sin distintivos visibles– se hicieron pasar por guerrilleros.

En medio de la indignación nacional, altos mandos de las fuerzas militares hicieron el consabido anuncio de “investigaciones a fondo” sobre los sucesos, luego de reconocer que la patrulla que, a punta de fusil, alteró la tranquila vida de los campesinos de Bocas de Manso, pertenecía al batallón Junín de la séptima división del ejército.

Según el relato de los campesinos, a eso del mediodía del lunes pasado los uniformados llegaron al caserío, obligaron a la gente a salir de sus viviendas con las manos en alto y luego, con los fusiles apuntando contra ellos, los hicieron tenderse en el suelo boca abajo.

Además de golpear a varias personas y atemorizar a mujeres y niños con amenazas de muerte, los atacantes saquearon las modestas viviendas de los labriegos, robaron dinero y despojaron a los negocios.

Sin embargo, no contaban con la reacción de los pobladores, quienes pronto se dieron cuenta de que los asaltantes no eran guerrilleros, sino integrantes de la fuerza pública, a quienes enfrentaron con valentía, según consta en el abundante testimonio audiovisual que grabaron con sus teléfonos móviles.

“¡Ustedes son unos criminales!”, se oye decir a una indignada mujer que los increpa mientras carga a su pequeño bebé en brazos.

El poderoso arsenal de fotos, audios y videos tomado por la comunidad no dejó dudas sobre quiénes eran los autores del asalto, luego identificados como un teniente, dos suboficiales y siete soldados.

“¿Cómo ocurre algo así en Colombia? ¿Por qué los militares sentían que podían actuar de esta manera y quedar en la impunidad? ¿Hay lazos no descubiertos entre la institucionalidad y los criminales que operan en la zona?”, se preguntaba hoy el editorialista de El Espectador.

Y las respuestas a estos interrogantes estaban en las páginas del mismo periódico, que recordó la ocurrencia de una sucesión de casos muy similares ocurridos en la zona de operaciones de la séptima división del ejército, bajo el mando del general Óscar Leonel Murillo.

Este último ha sido denunciado en varias ocasiones por actuaciones de sus hombres contra la población civil en los departamentos a su cargo: Chocó, Antioquia y Córdoba.

En 2022, doce hombres con fusiles de asalto M4, vestidos de verde oscuro, sin distintivos, enfrentaron a supuestos guerrilleros en una vereda del Chocó, poniendo en grave riesgo a la población civil, que quedó en medio del fuego cruzado y que luego supo que los atacantes eran del ejército, pues fueron evacuados en helicópteros de la fuerza pública.

Sobre actuaciones similares cursan denuncias en la región del Alto Remanso, departamento del Putumayo, a cargo del comando conjunto número 3 del ejército, así como en el departamento del Guaviare, donde el 22 de julio las fuerzas militares entraron, sin identificarse, a un pueblo sobre el río Guayabero.

Antes de que analistas locales advirtieran que estos métodos corresponden al tipo de formación que por décadas han recibido los integrantes de la fuerza pública, basada en la existencia de un supuesto “enemigo interno”, el general Helder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, se apresuró a declarar que “lo ocurrido no corresponde a nuestra doctrina”, frase que algunos interpretaron más como una confesión que como una aclaración.