Once de los 12 policías estatales de Tamaulipas acusados por la masacre de Camargo, cometida en enero del 2021, cuando 19 personas fueron asesinadas y calcinadas (la mayoría migrantes guatemaltecos), fueron declarados culpables de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.

La sentencia, dictada ayer por el juez Patricio Lugo, del Tribunal de Justicia de Tamaulipas de la primera región judicial, es “emblemática”, ya que es la primera condena en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes, resaltaron las organizaciones Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala, que acompañan a los familiares de las víctimas.

Informaron que está pendiente la audiencia para individualizar la pena a Jorge A. C., Williams F., Édgar M., Horacio R., Carlos R., Jorge C., José L. L., Héctor J. A., Christian E. G., Horacio Q. y Mayra E. V., quienes, a decir de autoridades, podrían alcanzar 50 años de prisión, además de reparar el daño.

El asesinato de los migrantes, 16 de ellos guatemaltecos y un salvadoreño, fue perpetrado en la comunidad Santa Anita, muy cercana a la frontera con Estados Unidos. Los cuerpos calcinados fueron hallados dentro de una camioneta, y entre ellos también se encontraban los de dos mexicanos que, según las pesquisas, eran los polleros.

Las organizaciones que acompañan a las víctimas aseveraron que el proceso para llegar a esta sentencia ha sido “tremendamente difícil para las familias”, ya que enfrentaron “a un sistema judicial complejo que desconocen, a lo que muchas veces se suma la dificultad del idioma y que no cuentan con espacios suficientes para lograr expresar la dimensión de su sentir”.

Detallaron que durante el juicio, que comenzó el 22 de mayo pasado, fueron presentados más de 60 testimonios para reconstruir esa “horrenda” tragedia, e intervinieron vecinos, peritos forenses, analistas, expertos en múltiples disciplinas y policías de investigación.

Indicaron que el agente Ismael Vázquez –declarado culpable de dar informes falsos– fue clave, pues se acogió al criterio de oportunidad, lo cual le permitió decir lo que sucedió, a cambio de la exclusión del delito de homicidio. En su momento, declaró que el entonces coordinador del Grupo de Operaciones Especiales, Horacio, “dio la instrucción de rematar a las personas”.

Las organizaciones reconocieron que sigue pendiente la investigación respecto a los demás servidores públicos involucrados en la masacre, entre ellos otros policías, la cadena de mando y personal del Instituto Nacional de Migración, pues el vehículo en que se transportaban las víctimas fue retenido meses antes por la delegación de dicho órgano en Nuevo León.

Lo sucedido en Camargo, destacaron, demuestra que en México, “agentes del Estado torturan y asesinan a migrantes, y no podemos olvidar que hay otras masacres cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República, donde se mantiene una máquina de impunidad”.

Expusieron que las secuelas de lo ocurrido en Camargo no se pueden medir. “Muchas familias se quedaron sin sustento”, pese a lo cual la Comisión Estatal de Atención a Víctimas “ha estado ausente”.

Respecto al sentir de las familias, las organizaciones expresaron que “están contentas porque el juez dio un fallo justo”, pero esto “no podrá devolverles a sus seres queridos, y así vuelve la tristeza”.

Esta sentencia “es muy importante para nosotros, pero también para el pueblo de Guatemala y para todos los migrantes que atraviesan por el país y los hermanos mexicanos que migran hacia Estados Unidos, para que no se repita lo que sucedió con nuestros hijos. Que todos los migrantes sepan que es posible tener justicia”, expresó Ricardo García Pérez, padre de San Cristina, una de las víctimas.

Con información de agencias