Washington y Nueva York. Una auditoría a los miles de millones de dólares en asistencia estadunidense anticrimen a México concluyó con una evaluación severa: no existe evidencia de que los objetivos sean efectivos ni que se están cumpliendo.

“Estados Unidos ha otorgado más de 3 mil millones en asistencia desde 2008 para abordar el crimen organizado trasnacional y la violencia en México, mejorar el imperio de ley en el país y reducir el narcotráfico a Estados Unidos”, afirman los auditores de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), agencia autónoma del Congreso para investigaciones, en un informe solicitado por dos senadores y dos diputados de ambos partidos.

Una conclusión general de los auditores es que, entre los desafíos aún presentes después de todo este esfuerzo bilateral, persisten “la corrupción política y la impunidad en México y una creciente demanda de drogas en Estados Unidos, que nutre a las organizaciones criminales trasnacionales”.

Al resumir los programas investigados, la GAO afirma: “Estados Unidos depende de México para ayudar a manejar el crimen transfronterizo y la trata de migrantes, y México depende de Estados Unidos para interrumpir el flujo de armas de fuego a su territorio y reducir la demanda estadunidense de drogas”.

Los analistas señalan que, con estos programas, 70 por ciento de las armas de fuego confiscadas en México y sometidas a rastreo entre 2014 y 2018 tienen origen en Estados Unidos y, por otro lado, “las muertes por mal uso de drogas se han incrementado”.

Tasa de homicidios, al triple

Más aún, al evaluar los avances con estos programas de asistencia, señalan que “desde 2007 a 2021, la tasa de homicidios en México se ha más que triplicado a una de las tasas de homicidio más altas del mundo” y que el país tiene todavía cifras “extremadamente bajas de fiscalización de todos los delitos”.

En las conclusiones, el reporte indica que por el fracaso en la forma de medir los resultados de estos programas de asistencia, “el gobierno estadunidense no puede demostrar que está cumpliendo con sus objetivos en México o de que sus inversiones durante los pasados 16 años han sido efectivas”.

El informe, que seguramente será utilizado por quienes desean enfatizar los fracasos de la política estadunidense en México, cubre un periodo en el que tanto republicanos como demócratas han ocupado la Casa Blanca.

Esta auditoría se enfoca principalmente en la asistencia brindada con la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) y el Programa Internacional de Narcóticos y Seguridad Pública del Departamento de Estado.

De Mérida al Bicentenario

La ayuda fluyó, primero, con la Iniciativa Mérida, negociada con el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), que después quedó modificada con el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, negociado en 2021 con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al evaluar el Plan Mérida, el informe señala que el objetivo inicial fue brindar equipo, incluidos helicópteros y aviones, a las fuerzas de seguridad pública en México y apoyar la transición a un sistema de justicia criminal acusatorio. Después se enfocó en las actividades de organizaciones criminales trasnacionales, desde la producción al tráfico de drogas, dinero y armas.

En octubre de 2021 se lanzó el Entendimiento Bicentenario, en parte, según comentaron funcionarios a la GAO, porque López Obrador “criticó la Iniciativa Mérida como inefectiva e inconsistente con las medidas de su gobierno”.

Los auditores señalan que mientras la Iniciativa Mérida sólo se enfocó en acciones dentro de México, el Entendimiento amplió el enfoque para que Estados Unidos también se comprometiera a reducir su propia demanda de drogas y el tráfico de armas hacia México.

Pero el nuevo Entendimiento, a diferencia del Mérida, no incluyó la renovación del enfoque en la lucha contra la corrupción y la promoción de transparencia en México. Usaid aún financia ese tipo de esfuerzos, pero en lugar de ser incluidos en el Entendimiento Bicentenario, esos programas quedaron incorporados como parte de los acuerdos para la aplicación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

AMLO redujo cooperación

Gran parte del informe de la GAO se enfoca en el periodo de 2019 a 2022, durante el cual, señala, el gobierno de López Obrador redujo la cooperación con Estados Unidos y trasladó la responsabilidad de seguridad pública de la Policía Federal a la nueva Guardia Nacional.

“Según funcionarios públicos, la cooperación con la Guardia Nacional ha sido limitada en comparación con sus antecesores, los cuales habían recibido apoyo, capacitación, equipo significativos (…) por medio de la Iniciativa Mérida”, escriben los auditores. También señalan que la cooperación con la fiscalía general de México se ha reducido durante el gobierno de López Obrador.

Sin embargo, los auditores detectaron mayor cooperación bilateral en algunos proyectos. Como ejemplos, el informe incluye acciones conjuntas para localizar y destruir laboratorios de drogas, capacitar a la policía mexicana y mejorar la capacidad del gobierno mexicano de rastrear armas ilícitas.

También indica que, con equipo suministrado por Estados Unidos, la Marina de México puede escanear cerca de 60 por ciento de los contenedores que llegan al país.

Además, como resultado de esta cooperación, todos los puntos de control migratorio y varios aeropuertos en México comparten en tiempo real información biométrica automática de pasajeros con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

Apoyos al sistema penal

Un enfoque mayor del Entendimiento es mejorar el sistema de justicia penal en México. “Según el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), 93 por ciento de todos los delitos en México no fueron reportados en 2021”, escriben los auditores.

Para impulsar la transición del sistema judicial penal, entre 2019 y 2022 el Departamento de Justicia capacitó a 3 mil jueces mexicanos y el Departamento de Estado financió el equipamiento tecnológico de 335 tribunales, para apoyar juicios orales en 26 de los 32 estados de México.

La Usaid también trabajó con fiscales generales y tribunales en ocho estados, abogados defensores públicos y “centros de justicia de mujeres” en cinco estados para fortalecer la capacidad de los sistemas penales locales. Esa agencia ha financiado la capacitación en derechos humanos de 61 empleados judiciales, 158 activistas defensores, 261 funcionarios y 65 organizaciones.

Con otro programa de Usaid para el combate a la corrupción se capacitó a más de 34 mil funcionarios públicos. El informe no ofrece detalles sobre financiamiento de la agencia para organizaciones no gubernamentales en México.