Ciudad de México. En el segundo día de comparecencia ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Estado mexicano reconoció que ha faltado ampliar el acceso a la justicia para las personas víctimas de este delito, ya que a pesar de que hay un aumento de judicialización de casos, sigue siendo bajo comparado con las más de 111 mil personas reportadas como desaparecidas. Además, admitió que aún no se cuenta con el reglamento para la ley general en la materia ni para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

En Ginebra, Suiza, Roberto de León, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que de acuerdo con información proporcionada por poderes judiciales de los estados, de 2018 a la fecha se han judicializado mil 193 averiguaciones y carpetas, de las cuales en 271 ya se dictó una sentencia: 218 condenas y 53 absoluciones.

“Lo interesante es que esto refleja que a nivel local, casi el 20 por ciento de los casos judicializados han concluido con una condena”, enfatizó. Asimismo, reiteró que todas las entidades federativas cuentan con una fiscalía especializada o una unidad en materia de desaparición forzada, por lo que se espera “que estos porcentajes sigan aumentando paulatinamente”.

Al respecto, la relatora Carmen Rosa Villa Quintana subrayó que la cantidad de personas desaparecidas, más de 111 mil, “no cuadran” con el número de investigaciones, “siguen siendo mucho menores”.

Reconoció que se lleven a cabo trabajos de construcción de paz, como lo destacó en su participación la representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero manifestó su preocupación sobre cómo éstos impactan para reducir el índice de desaparición, por ejemplo en Jalisco, que es la entidad con más reportes, seguido de Tamaulipas, el estado de México, Veracruz, Nuevo León, Cuidad de México, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guerrero.

Asimismo, llamó la atención sobre el incremento de niñas, niños y adolescentes que desaparecen en el país. “En los últimos tiempos ha crecido enormemente en el estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Sonora, Michoacán y Baja California”.

Por su parte, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y encargado temporal de despacho de la CNB -debido a la renuncia de Karla Quintana-, reconoció que aún “son perfectibles” las acciones para el fortalecimiento al Sistema Nacional de Búsqueda, así como los avances en materia de análisis de contexto en los casos de desaparición.

En cuanto a la aprobación del reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición y el de la CNB, admitió que aún no se tienen pero se comprometió a que el último salga en este año.

“El reglamento para le ley general es más complejo”, dijo, debido a que es necesario tener espacios de diálogo con las familias para poder recibir observaciones y comentarios.

Sobre este tema, Villa Quintana recordó que ya han pasado cinco años desde que se creó la ley. “De acuerdo a la información que hemos recibido, ya en el 2021 se habría aprobado una ruta para la construcción del reglamento que contaría con la participación de las familias, organizaciones de la sociedad civil y autoridades, y que según nos informaban sería aprobado por todos los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda. A la fecha, han transcurrido un año y 10 meses, no tenemos información”.

Me pregunto, agregó, “¿cómo es que funcione una comisión sin reglamento y una ley que ya se está implementando?”.

Los expertos también cuestionaron al Estado sobre las medidas para que los familiares de las víctimas accedan de manera efectiva a los expedientes de investigación y si la Fiscalía General de la República (FGR) colabora para poner en práctica el protocolo homologado de búsqueda, pues tienen información de que “había resistencias”.

Irazoque insistió en el incremento del presupuesto destinado a la CNB, en 134 por ciento del 2018 a 2023, así como de la planilla de trabajadores. Resaltó también el fortalecimiento de las comisiones locales con subsidio federal por una cantidad de 2 mil 333 millones de pesos, pero admitió que los componentes a los que se destina depende de las necesidades de cada una.

A su vez, Froylán Enciso, titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz y Seguridad de la SSPC, habló sobre la estrategia nacional de seguridad, la atención a las causas de la violencia, las acciones de prevención y resultados acerca de las mesas de paz y coordinación efectiva con otras instituciones de seguridad. En su exposición destacó programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, el desarme, Constructores de Paz y el Tianguis de Bienestar.