La comparecencia de México ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU que da seguimiento a las recomendaciones emitidas en 2022 comenzó ayer con un intercambio intenso.

En Ginebra, Suiza, los expertos de la ONU reiteraron su preocupación por el aumento de personas desaparecidas, con más de 111 mil, y porque, a pesar de los esfuerzos, no se ha logrado revertir la crisis forense. Asimismo, advirtieron que se mantiene un alto índice de impunidad en las investigaciones.

La representación mexicana de-fendió que desde la visita del Comité al país, en noviembre de 2021, ha habido “avances claves” a nivel normativo, en la coordinación entre instituciones, acceso a la justicia, presupuesto y construcción de centros de identificación humana; además, se trabaja en la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El marco del 35 periodo de sesiones del CDF, el relator Horacio Ravenna manifestó su preocupación por la falta de una política nacional coordinada de prevención y erradicación de este flagelo.

Sobre la crisis forense, lamentó que a pesar de que por lo menos desde 2019 se ha reconocido esta situación, con más de 52 mil cuerpos sin identificar, los esfuerzos del gobierno “no están dando resultados, no entendemos por qué, qué es lo que está pasando”.

El relator Juan Pablo Alban se refirió al índice de impunidad, luego de que en 2021 llegaba a 98.9 por ciento en las entidades federativas. Expuso que, según su información, el grueso de las deficiencias en materia de investigación y justicia se registra a nivel de fiscalías.

Los expertos externaron su interés por saber qué acciones lleva a cabo el Estado para garantizar la seguridad de los funcionarios en riesgo por su labor en los trabajos de búsqueda, sobre las investigaciones de las comisiones para la verdad sobre la guerra sucia y el caso Ayotzinapa, al igual que sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, resaltó que de febrero de 2019 a septiembre de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con autoridades de diferentes órdenes de gobierno y familiares de víctimas, han implementado 4 mil 465 jornadas de búsqueda en campo en 30 entidades federativas.

Por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Martha Pérez aseguró que hay una avance en la persecución penal. De 2018 a 2021 se contaba con 10 causas en el sistema acusatorio y una en el tradicional; mientras en 2022 aumentó a 20 y en 2023 se sumaron ocho.

Respecto al registro, la embajadora Francisca Méndez apuntó que está en marcha un proceso de verificación del estatus de las víctimas para tener una base “fiable, actualizada y eficiente.