Guatemala. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó una serie de recursos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para retirar la inmunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, y al juez especial Fredy Orellana, tras allanar dos sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para abrir cajas con las papeletas de votación de la primera vuelta de los comicios generales del pasado 25 de junio a petición de una denuncia por supuestas irregularidades.

El futuro gobernante también levantó una denuncia contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una cruzada contra los resultados de los comicios generales.

Según los recursos legales presentados anteanoche, el líder de Movimiento Semilla emprendió estas medidas para que los funcionarios sean investigados por seis presuntos delitos, entre ellos violación de la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.

Arévalo exige la dimisión de los cuatro y los acusa de orquestar una especie de “golpe de Estado” con el objetivo de bloquear su llegada al poder, prevista para el próximo 14 de enero, tras ganar la segunda vuelta electoral en agosto, pero ante las nuevas irrupciones contra el TSE suspendió el proceso de transición con el saliente mandatario, Alejandro Giammattei, quien comunicó la “decisión unilateral” a la Organización de Estados Americanos.

Curruchiche sostiene que el allanamiento al TSE es legal porque sólo buscan verificar la denuncia de un ciudadano sobre irregularidades en el proceso electoral, y rechazó que genere desestabilización en el país. “Nosotros no podemos validar o invalidar una elección que el pueblo de Guatemala ya hizo. Es sólo un proceso de verificación, algo totalmente distinto a contar papeleta por papeleta”, declaró a un canal de televisión.

El fiscal especial ha ordenado múltiples actuaciones contra el Movimiento Semilla para evitar que Arévalo llegue a la presidencia, pero aclaró que la nueva operación no está relacionada con esas diligencias.

Ayer, personal de la FECI, encabezada por Curruchiche, continuó por segundo día consecutivo con las diligencias en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral. La diligencia fue autorizada por Orellana y durante su desarrollo los fiscales han recabado evidencias de las cajas de la primera vuelta electoral.

El TSE también presentó anteanoche una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, para dejar sin efecto los allanamientos de la fiscalía, con el argumento de que la ley no permite que otros entes, entre ellos los organismos de justicia, tengan acceso a las cajas que contienen los votos. Movimiento Semilla efectuó la misma medida al considerar “absolutamente ilegal” la sustracción de las cajas con votos, ya que la custodia corresponde a las autoridades electorales.

Por separado, la agrupación Acción Ciudadana, perteneciente a la ONG Transparencia Internacional, interpuso el mismo recurso ayer. El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, en especial por haber vulnerado el sufragio de los guatemaltecos”, informó Néstor Páez, vocero del grupo, y añadió: “este golpe electoral se debe detener”.

Phil Gordon, asistente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y consejero de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, comentó en la red social X que las acciones de los órganos de justicia fueron “un ataque al proceso democrático y al estado de derecho. Estados Unidos seguirá apoyando la democracia guatemalteca y castigará a los actores corruptos que pretendan quebrantarla”.

Porras, Curruchiche, Orellana y Monterroso han sido sancionados por Washington, acusados de obstaculizar la lucha contra la corrupción, socavar la democracia en Guatemala, presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas.