Ciudad de México. Ante las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, que se han convertido en constantes y cotidianas en Frontera Comalapa y otros municipios de la frontera y a sierra de Chiapas, organismos civiles exigieron al gobierno en sus tres niveles la creación de una “ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo”.

Pidieron también que “desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida”.

Asimismo, que “impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas”:

Las agrupaciones, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala–México, Colectivo de Monitoreo–Frontera Sur, Red por los Derechos de la Infancia en México, Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas y la Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja, expresaron que “la población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, vive actualmente secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual”.

Consideraron preocupante “la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte, ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones”.

Con la presencia de los grupos delincuenciales, agregaron, “se ha incrementado también el narcomenudeo y el consumo de drogas entre jóvenes; sin programas ni espacios educativos, recreativos o deportivos, las ‘opciones’ son desplazarse o incorporarse forzadamente a las actividades ilícitas”.

Afirmaron que “existe un intento de total sometimiento y silenciamiento de la población, la cual está constantemente amenazada, en medio de la complicidad de autoridades municipales, ante las que no se tiene confianza para pedir apoyo y denunciar”.

Aseguraron que “desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto. La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno”.

Además, “este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población. Nos preocupan de manera particular las afectaciones que la violencia está provocando en los medios de vida de la población y en el ciclo campesino en la región, así como la obstaculización constante del comercio y transporte de productos básicos, lo que pone en riesgo el derecho a la alimentación a corto y mediano plazo, agudizando la violencia económica, lo que se suma a las causas estructurales de desplazamiento forzado de la población”.

En un documento sostuvieron que “derivado del incremento exponencial de la violencia en la región, la migración de la población, que constituye una forma paulatina de desplazamiento, se ha venido desatando aun con mayor fuerza, pues ya no hay condiciones para la vida en esos territorios”.

Subrayaron: “Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”