En la propuesta presupuestal para 2024 entregada a la Cámara de Diputados se asienta que el gasto público alcanzará 9.02 billones de pesos, equivalentes a 26.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) de ese año. La proporción es significativa ya que en los años recientes había estado por debajo de 24 por ciento. Se trata de una propuesta de gasto que destina 0.7 billones a pensiones, becas y subsidios, representando 7.8 por ciento del gasto total y un incremento en este renglón de 40 por ciento respecto a 2018. Esta propuesta de gasto es claramente expansiva, es decir, propone aprovechar las ventajas que resultan de cuatro años de control del gasto y sin endeudamiento neto adicional que, además, enfatiza el sentido social del presupuesto público.
Del lado de los ingresos, el gobierno espera captar 7.3 billones de pesos, equivalentes a 20.8 por ciento del PIB, de los cuales 4.9 billones serán ingresos tributarios y 2.4 billones serán ingresos no tributarios. Destaca la reducción de la importancia de los ingresos petroleros que llegarán a un poco más de un billón, 14.3 por ciento de los ingresos totales. En los ingresos tributarios se registrarán incrementos porque se reducirán los subsidios para amortizar el impuesto especial de producción y servicios, el IEPS, que se establecieron para enfrentar el aumento de precios de la gasolina. Lo relevante es que los ingresos públicos son claramente insuficientes para financiar un gasto expansivo. La decisión de mantener la situación tributaria tal como se recibió genera rigidez y, en consecuencia, exige otras medidas.
Dada la diferencia entre ingresos y gastos, se prevé un déficit en las finanzas públicas de 1.7 billones, que representa 5.4 por ciento del PIB. Esta proporción ha provocado una discusión que pone en el centro el tema de la deuda, ya que el déficit se cubre con deuda pública. El presupuesto, por tanto, señala expresamente que la deuda pública aumentará hasta representar 48.8 por ciento de PIB a finales de 2024. Además, habrá aumentado 5.2 puntos porcentuales del PIB en el sexenio. El asunto es relevante en la medida en que señala que dos de las restricciones que se planteó la administración de la 4T tuvieron que ser levantadas: un déficit fiscal estrecho y endeudamiento neto cero. Estas restricciones se respetaron incluso durante la pandemia, porque para esta administración representaban la capacidad de manejar responsablemente unas finanzas públicas reorientadas hacia la política social, sin complicar la situación fiscal.
Evidentemente, al aumentar la deuda pública necesariamente aumentará su costo, es decir, se incrementarán los recursos presupuestales que el gobierno debe prever para cubrir los intereses de esa deuda. Por esto se prevé que el pago de intereses crezca: en 2023 se pagarán 1.1 billones de pesos y en 2024 1.3 billones, de modo que este pago de intereses será equivalente a 3.4 por ciento del PIB y en relación con el presupuesto total representará 14 por ciento en 2024. Los montos y las proporciones son, por supuesto, importantes, pero las comparaciones internacionales ilustran la relevancia de estas magnitudes.
En 2010, por ejemplo, la deuda pública de Japón como proporción de su PIB fue de 184 por ciento, la de Italia fue de 104 por ciento, la de Reino Unido 82 y la de Estados Unidos 58 por ciento de su PIB. Para 2022, entre los países más endeudados estaban: Japón (225.8 por ciento de su PIB), Grecia (144), Italia (148), Bélgica (138), Irlanda (94.2), Francia (83.5) y Portugal (83.2). De modo que la proporción de deuda pública a PIB mexicano es francamente manejable.
Más allá de estas comparaciones, lo importante de la deuda es su uso. La ley establece que deben garantizarse las fuentes de pago, de modo que el endeudamiento adicional no debe utilizarse para pago de gasto corriente, sino a la inversión pública. En este presupuesto se destinan recursos para financiar la culminación de las inversiones fundamentales: el Tren Maya, el interoceánico e incluso la terminación del interurbano México-Toluca. Pero indudablemente lo central es la política social. Los grandes programas sociales, la pensión a los adultos mayores, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, significan inversión social. Inversión que genera demanda. Demanda que se ha convertido en uno de los factores dinamizadores de la economía.
Pese a su pertinencia, queda un asunto relevante planteado: ¿una deuda equivalente prácticamente a la mitad del PIB cómo será administrada en la siguiente administración? ¿Se seguirá insistiendo en que el déficit fiscal se resuelve con austeridad y lucha contra la corrupción? O, por fin, se reconocerá que es indispensable una reforma fiscal progresiva para financiar este déficit y evitar que en los siguientes años se produzcan déficit adicionales.
