Ciudad de México. El magistrado Rafael Estrada Sámano obtuvo una suspensión provisional que ordena al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a mantenerlo en el cargo. En octubre cumple la edad de retiro, que es de 75 años.

El día 08 de diciembre de 2011, el Senado aprobó la designación que Felipe Calderón Hinojosa, efectuó en su favor como Magistrado de la Sala Superior del TFJA el cual concluye en diciembre de 2026.

El magistrado promovió el juicio de amparo el pasado 8 de septiembre ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombre a su reemplazo.

Y es que en junio pasado el Ejecutivo federal designó a 71 personas para ocupar magistraturas vacantes de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya ratificación deberá ser dictaminada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Al respecto, el juez cuarto de distrito administrativo, Ulises Rivera González lo otorgó la suspensión provisional para que se permita la continuidad en la prestación del servicio de impartición de justicia por parte del quejoso, en su calidad de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procurando respetar el plazo para que el fue nombrado.

El impartidor de justicia reiteró que esta decisión no sigue perjuicio al interés social, ni contraviene disposiciones de orden público, porque la sociedad se verá beneficiada con la continuación en el cargo de una persona que, según narra, ha demostrado desempeñarlo con las exigencias propias de la administración de justicia.

“Con base en un análisis preliminar de la litis constitucional, puede tener un resultado de tutela anticipada, es decir, efectos restitutorios del derecho que le fue conferido cuando fue nombrado por un plazo de quince años que aún no termina”, señala el resolutivo del juez, quien el próximo 21 de septiembre determinará si le concede la suspensión definitiva.

Sin embargo, el gobierno federal puede impugnar el fallo para que el caso se turne a un tribunal colegiado en materia administrativa para que resuelva si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.