La quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) mantiene en la incertidumbre y desesperación a sus 7 mil 500 trabajadores sindicalizados, quienes desde diciembre pasado ya no recibieron salario y se mantienen en plantón afuera de los accesos a la empresa, para impedir que por instrucciones de cercanos al aún dueño de la acerera, Alonso Ancira Elizondo, siguieran sacando maquinaria, carbón y demás activos de las dos plantas siderúrgicas ubicadas en Monclova, Coahuila.

Una comisión de mineros, integrada por Francisco Romero Pérez, Reynol Alejandro Ortiz y Horacio Padilla Guedea, entregó una carta en Palacio Nacional para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que su situación es incierta y además son hostigados por la policía estatal y amenazados con que van a ser “desaparecidos” si persisten en la defensa de sus derechos laborales, todo ello en medio de “una grave crisis económica y social” en la región.

En entrevista con La Jornada, relatan que desde hace 43 días se vieron obligados a cerrar todos los accesos a la acerera para impedir que “siga el saqueo” de sus bienes. “El empresario corrupto logró salir de la cárcel y ya está fuera del país, sin importar lo que nos adeuda”, lamentó Reynol Alejandro Ortiz.

Recordó que Altos Hornos fue entregada a la familia Ancira en 1991, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó las principales paraestatales, y todo marchó bien varios años, ya que estaban integrados al Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, pero a partir de 2009, después de que el ahora senador de Morena debió abandonar el país, ante el acoso en su contra, todo cambió.

Ancira Elizondo creó con golpeadores su propio sindicato patronal, al que inicialmente llamó Comisión Sindical Aliancista, que al final se convirtió en Sindicato Nacional Democrático, avalado por los entonces gobernadores Humberto y Rubén Moreira, así como por las autoridades laborales en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Se les escamoteaba el pago de utilidades y otras prestaciones, pese a las ganancias millonarias de AHMSA.

La situación se agudizó por el escándalo de corrupción en que se vio envuelto Ancira –a partir de la denuncia de Pemex por la venta fraudulenta de la empresa Agronitrogenados–, ya que el empresario huyó a España, de donde fue extraditado en 2021 y pasó dos meses en la cárcel.

José Francisco Romero comentó que desde finales de ese año les pagaban de forma irregular, una semana si, otra no, y para 2022 la situación iba de mal en peor; a partir de la segunda quincena de diciembre de ese año “ya no hubo pago”, a 700 trabajadores los obligaron a firmar sus bajas, pero no les dieron la liquidación y tampoco a las viudas de mineros fallecidos en accidentes de trabajo.

Descubrieron además que la empresa no despositaba al Infonavit las cuotas que les descontaba, y tampoco al Fonacot, y que con frecuencia los daba de baja del IMSS y tiempo después los volvía a inscribir.

Pese a que ya no recibían pago alguno, siguieron laborando en una situación muy riesgosa los primeros meses de este 2023, porque al consorcio acerero le habían cortado la electricidad y el agua por falta de pago, lo que provocó diversos siniestros. “Hay constancias de la muerte de dos compañeros”.

Además, “un minero perdió un ojo y otro que quedó sólo con 20 por ciento de visión y andan batallando para que les expidan la hoja de su baja, para poder pensionarse. La bebé de Reina Isabel Herrera, quien inhaló sustancias químicas del laboratorio de la empresa cuando estaba embarazada, nació con una malformación congénita”, denunció Horacio Padilla Guedea.

Se dio ya el caso, expuso, “de un compañero que, desesperado porque no le dieron su liquidación, se suicidó. ¿Cómo es posible que esto no lo vean las autoridades del Trabajo?”, se pregunta. Expone que a las 22 quincenas que les adeudan se suman el fondo de ahorro del año pasado, las vacaciones y las demás prestaciones del contrato colectivo.

El pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio del proceso de quiebra de Altos Hornos de México y “no podíamos permitir que la gente de Ancira siguiera con el saqueo de la empresa, hasta dejarla como chatarra; queremos que vuelva a funcionar”, exclama Reynol Alejandro.

Asegura que ha habido enfrentamientos con policías estatales que apoyan totalmente a la acerera. “Con frecuencia, afirma, además de intimidarnos verbalmente llevan a cabo detenciones y cateos a compañeros afuera de sus domicilios o en plena vía pública”.

Han presentado quejas ante el gobierno de Coahuila, del presidente municipal de Monclova y la Secretaría del Trabajo, sin que ninguno intervenga, deplora.

Además de la carta al Presidente de la República, presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que exponen: “se nos ha amenazado con levantarnos y desaparecernos si continuamos” con el movimiento, por lo que demandan que la intervención de la ombusperson, Rosario Piedra Ibarra. Junto con ellos quedaron también sin empleo los trabajadores de confianza de las dos plantas de AHMSA y quienes laboran en las minas de carbón que dependen del consorcio, con lo que suman cerca de 12 mil los afectados.