“No está en riesgo nada” en materia presupuestal para resolver en 2024 un incremento de litigios, incluidos los relacionados con los procesos internos de dos bloques partidistas y la elección presidencial, aseguró este martes el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.

“Ya no es un tema de proyecciones sino de una realidad el que estos procesos partidistas ya tienen un efecto de mayor presentación de denuncias y quejas ante el Instituto Nacional Electoral, al grado de que se han integrado más de 500 expedientes durante tres meses”, que resolverá en primera instancia la Sala Especializada del TEPJF, más las que se acumulen por las quejas presentadas por cuestiones internas de los partidos.

El magistrado presidente sostuvo que “el Tribunal cumplirá con todas sus funciones constitucionales, legales y los efectos de las sentencias que nosotros mismos decidimos. Tenemos que garantizar una cobertura de actividades y funciones que van a ser una realidad”.

Recordó que aunque en 2018 también se hicieron cálculos frente a un eventual escenario de alta litigiosidad, de hasta 26 mil impugnaciones, en realidad esta cifra sólo llegó a 18 mil.

Es por ello que el TEPJF toma en cuenta 18 mil juicios como “piso” frente al proceso electoral 2023-2024.

“El número de cargos, la concurrencia de elecciones (locales y federales) nos permiten tener como hipótesis que el número de litigios tendrá una tendencia al alza. ¿Cuánto?, no sabemos. Las elecciones de 2015 fueron también bastante litigadas; en 2018 resolvimos aproximadamente 25 mil asuntos, de los que 18 mil se refieren específicamente a las contiendas”.

Es una elección compleja en cantidad de cargos, más de 20 mil; 98 millones de personas inscritas en el padrón y una previsión de instalación de 170 mil casillas en todo el territorio nacional. Además, tendremos por primera vez el voto de los mexicanos en el extranjero y el voto en prisión preventiva.

La semana próxima, Rodríguez Mondragón conversará con miembros de la Cámara de Diputados para analizar la solicitud presupuestal de este máximo Tribunal, en el orden de los 3 mil 890 millones de pesos, de los que 78 por ciento se destina para sueldos y salarios; de esta misma bolsa se desprenden 960 millones para el proceso electoral, que incluye la contratación eventual de 500 personas; 78 millones para proyectos de inversión, y 84.7 millones como fondo precautorio para ejecutar recuentos totales.

“Esperemos que no nos recorten”, manifestó el magistrado

Quejas, reflejo de que la competencia es real

Precisó que el cúmulo de impugnaciones inicia desde la definición de precandidaturas y candidaturas, así como las coaliciones y postulaciones comunes, todo esto en un contexto de alternancia que en México es actualmente de 62 por ciento, relacionado con 333 elecciones realizadas de 2014 a la fecha, lo cual revela que “la competencia en el país es real, efectiva”.