Ciudad de México. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó ayer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales perpetrados contra menores de edad. Esta reforma al Código Penal Federal, que el Congreso tardó cuatro años en confeccionar, prevé destituir e inhabilitar a funcionarios públicos, incluso a ministros de culto, el mismo tiempo de la pena que se les imponga.

El dictamen, aprobado y enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, plantea que la prescripción de un delito cometido contra un menor de 18 años comienza a correr a partir de que éste cumpla la mayoría de edad, excepto cuando se trate de pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia, que no caducan.

También sustituye la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que se encuentra abrogada, por la General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Ante el pleno, Rosangela Peña (Morena) destacó que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 2019 México ocupó el primer lugar en abuso sexual infantil, por lo cual la reforma aprobada “resulta indispensable para mejorar nuestra política criminal en la materia”.

Rocío Corona (PVEM) recordó que año con año, “miles de niñas y niños son víctimas de abusos sexuales en el país”, y esos delitos, agregó, “representan una de las ofensas más atroces y repudiables, destruyen vidas, dejan cicatrices emocionales profundas y tienen un impacto duradero en la salud mental y emocional de los menores afectados”.

Subrayó que el Estado mexicano debe reforzar sus instituciones, atribuciones, políticas, legislación y medidas encaminadas a proteger a los menores y adolescentes de la violencia sexual. Las víctimas, añadió, “deben disponer de todas las herramientas para un tratamiento multidisciplinario destinado a la reparación del daño por los estragos que derivan de estos delitos, que pueden durar toda la vida”.

Por el PAN, Fernando Macías afirmó que “no hay acto más infame que la agresión a una niña y a un niño. Los ataques sexuales a menores de edad son uno de los problemas más grandes que aquejan a nuestro país. Es un mal silencioso que corroe a nuestro país”. Llamó a fiscalías y ministerios públicos a que, “con compromiso y seriedad, persigan estos crímenes y hagan justicia a miles de víctimas”. Dijo que la sociedad es corresponsable de esos delitos”.

La reforma al Código Penal Federal expone que si quien comete el delito es “servidor público o ministro de culto religioso, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta”.