Santiago. Mientras el negacionismo y la regresión respecto de la dictadura se impone en la derecha chilena, al punto que desistió de participar de la conmemoración, en memoria de las víctimas, del aniversario 50 del golpe militar de 1973, esa “restauración conservadora” se extiende al control absoluto del proceso constitucional, que se advierte ya apunta a un segundo fracaso, que esta vez sería definitivo.

Recuérdese que en septiembre de 2022, un proyecto de nueva Constitución redactado por una mayoría izquierdista fue rechazado abrumadoramente por 62 por ciento del electorado.

Ese control hasta ahora incontrarrestable del proceso en marcha ocurre porque la mayoría absoluta –33 de 50– que suman en el Consejo Constitucional los representantes de la derecha “clásica” más los ultraconservadores del Partido Republicano, está sirviendo para imponer un texto a su antojo.

Según analistas, la derecha “moderada” es arrastrada por los extremistas por los resultados electorales crecientes que obtuvieron éstos tanto en los comicios presidenciales de 2021, donde su candidato José Antonio Kast ganó la primera vuelta con 27.9 por ciento de los votos; como en marzo de 2023, cuando en la elección de consejeros constitucionales obtuvieron 35 por ciento de los sufragios.

Eso hizo que los ultraderechistas sumen 23 consejeros, mientras Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) tiene 11.

Temerosa de que republicanos siga horadando su base electoral –en las presidenciales de 2021 llegó cuarta con 12.79 de los sufragios y tercera en la de consejeros en mayo de 2023–, los partidos de Chile Vamos se mueven a la derecha, “camuflándose” de aquellos.

Y así en el Consejo Constitucional, donde la centro izquierda dispone de 16 representantes, la sumatoria de ambas derechas se impuso sin contrapeso y todo lo que propuso el oficialismo no fue considerado.

El impulso regresivo de republicanos logra incluso que Chile Vamos adhiera la modificación sustantiva del proyecto de texto que consensuó una “comisión experta” de 24 integrantes –designados por cuoteo según la representación partidaria en el Parlamento–, que en teoría representaban la diversidad del país. Las modificaciones acabaron con el consenso de los “expertos” y está ahora derechizado, refrendando un articulado retrógrado.

Por ejemplo, la semana pasada la sumatoria de republicanos y Chile Vamos hizo cosas como constitucionalizar la existencia de las administradoras de Fondos de pensiones, las desprestigiadas AFP, y de las aseguradoras de salud, conocidas como Isapres (instituciones de salud previsional); y sustituyeron un artículo acerca del derecho al agua que decía “prevalecerá su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente”, por otro que habla del “derecho al acceso”, es decir, no garantiza su disponibilidad.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres –entre ellos el aborto por tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo de muerte para la madre) ahora existente– corren riesgo, porque republicanos buscan imponer el “derecho a la vida” desde la perspectiva religiosa, lo mismo que “a la familia como núcleo fundamental de la sociedad”.

Desde la centro izquierda denuncian la nula disposición a encauzar acuerdos.

Meme siniestro

“El Partido Republicano y Chile Vamos han convertido la Constitución en un meme siniestro. Este proceso ha tomado un rumbo preocupante, la posibilidad de menos derechos y menos libertades es muy alta”, afirma el consejero Yerko Ljubetic.

“Hay un franco retroceso en la posibilidad de acordar unas bases mínimas. Aquí se ha impuesto una mayoría circunstancial convirtiendo un proyecto en algo a la medida de algunos, sin considerar que la Constitución es algo en la que todas y todos tenemos que caber, por lo tanto, lo que está hoy es algo que posiblemente la mayoría del país no aprobaría”, agregó.

En tanto, Miguel Littín, consejero socialista, acusó que “no es democrático que se repita una y otra vez la misma mecánica” y denunció que hay “una simulación de democracia”.

De acuerdo con algunas encuestas, el rechazo a la propuesta que entregue el Consejo Constitucional está al alza y ya suma 41 por ciento, mientras la aprobación al órgano redactor se sitúa apenas en 14 por ciento.

Según el presidente, es evidente que desde la derecha existe un retroceso en la valoración de la democracia.

La regresión conservadora se extiende a lo cotidiano. Hace unos días no acababa el presidente Gabriel Boric de oficializar a la comisión para buscar a los detenidos desaparecidos, cuando en redes sociales trascendía que grupos ultraderechistas aportaron en pocas horas 100 millones de pesos, casi 120 mil dólares, para financiar la defensa de un capitán de la policía, dado de baja y condenado a 12 años de presidio, que cegó a la senadora Fabiola Campillai durante las protestas de 2019 al dispararle una bomba lacrimógena directamente al rostro.

Al tiempo que aquello pasaba, en el Parlamento chileno se aprobaba una ley que permite la legítima defensa privilegiada, esto es, disparar, contra quien ocupa el predio de un tercero.