La negativa de hacer una reforma tributaria y de gasto durante los últimos años da como resultado que los ingresos no habrán aumentado nada en seis años –en 2024, como en 2018, se perfila que representen 21.7 por ciento del producto interno bruto (PIB)– lo que hace de este un “sexenio perdido” en términos fiscales, resolvió Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Enfatizó que si bien hay crecimiento, inversiones que tienen potencial para ser aprovechadas y también se debe tener en cuenta que hubo una pandemia, las crecientes presiones por el lado del gasto han provocado que el espacio fiscal –el margen de maniobra en el presupuesto público para proveer servicios sin comprometer la sostenibilidad financiera del país– se perfile a ser reducido a alrededor de 300 mil millones de pesos el próximo año.

Lo anterior representa un deterioro de 60 por ciento en el espacio fiscal, al pasar de 2.2 por ciento del PIB en 2023 a 0.9 por ciento en 2024, explicó Macías. Un dato que sumado al gasto que requieren las pensiones, los menores recursos al sistema de cuidados, el incremento de la deuda y el que no sean prioridad los ramos educativos y medio ambiente, muestran un paquete económico en el que no importa la perspectiva intergeneracional, enfatizó Macías.

La directora ejecutiva del CIEP calificó como “optimista, aunque menos que en ocasiones anteriores”, el proyecto económico entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados; parte de ese optimismo se basa en la percepción de la relocalización de la cadenas de producción hacia el país, por la vecindad con Estados Unidos, conocida como nearshoring.

En el paquete económico presentado, 80 por ciento del gasto está comprometido entre aportaciones y participaciones a entidades, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Issste, costo financiero de la deuda y retiros. Con el avance que han tenido, “no hay crecimiento económico que alcance para pagar pensiones”, advirtió Judith Méndez, directora adjunta de Investigación en el CIEP.

La especialista en salud y finanzas públicas explicó que todos los sistemas de salud tendrán un presupuesto conjunto de 990 mil 974 millones de pesos, lo cual representa un incremento respecto a 2023, pero este nivel de inversión es insuficiente para hablar de un Sistema de Salud Universal –que el presidente ha promovido con el tropo “como el de Dinamarca”–, por lo que éste se perfila a quedar como “una de las grandes deudas de este administración”.

El giro de tuerca frente a otros paquetes entregados por este gobierno es el endeudamiento histórico, se propone que el próximo año 19.2 pesos de cada 100 provengan de financiamiento, algo que no se vio ni en el año de la pandemia, enfatizó José Clavellina, director de Investigación en el CIEP. Se pretende que la medida más amplia de la deuda se fije en 48.8 por ciento, pero esto con base en “muchos supuestos”, algunos de los cuales se advierten incumplibles, refirió el investigador.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, el ingreso presupuestario se habrá estancado en 21.7 por ciento del PIB entre 2018 y 2024, pero el gastó habrá crecido de 23.7 a 25 por ciento de lo producido en la economía mexicana, lo que exhibe ese incremento en la brecha de ingresos y gasto.

Bajo este panorama, los investigadores del CIEP enfatizaron que para la próxima administración es imperativo, “urgente”, que se pongan en marcha ajustes para una reforma fiscal.