El crucero San Javier, en la carretera Palenque-Trinitaria, es punto estratégico del antiguo Desierto de la Soledad. Allí se cruzan las comunidades que integran la comunidad lacandona: Frontera Corozal, Lacanjá y Nueva Palestina, donde viven choles, lacandones y tseltales. El crucero es, simbólicamente, la sede del comisariado de bienes comunales. Allí se encuentra, también, la agencia de la fiscalía indígena y de la policía municipal.
Como parte de su estrategia para adueñarse del territorio, un comando del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) tomó control del lugar y comenzó a cobrar derecho de paso. Todo vehículo que cruce debe pagar una cuota. A los policías les quitaron sus uniformes.
Para trasladar un cargamento de azúcar, la comunidad de Nueva Palestina contrató a un transportista integrante de Pueblos Unidos en Defensa de los Usos y Costumbres (Paduc), asociación de más de mil dueños de vehículos para trasladar personas y mercancías en la selva. Se organizaron para enfrentar la extorsión de la delincuencia organizada. En sus camionetas y camiones llevan walki-talkies para brindarse auxilio en casos de emergencia.
Cuando el retén del narco detuvo el transporte del endulzante, el chofer se negó a pagar la cuota que le exigían y alertó a sus socios de Paduc en Nueva Palestina. Alegó que la mercancía no era suya. Los criminales, además de golpearlo salvajemente, le grabaron en la espalda con un arma punzo cortante las siglas: CJNG.
Seis compañeros del conductor llegaron a apoyarlo pero fueron sometidos con armamento de grueso calibre. Dentro de la fiscalía, los secuestraron y torturaron, arrancándoles las uñas. Pretendían desaparecerlos, pero una multitud, con machetes y armas, llegó a rescatarlos. Los criminales huyeron, probablemente hacia el municipio de Benemérito de las Américas, donde tienen, desde hace años, una base de operaciones.
Para que no quedara duda de sus propósitos, difundieron un aviso titulado “Anden con cuidado, raza”. Allí advierten que llegó el cártel Jalisco Nueva Generación y establecen el toque de queda a partir de las 11 de la noche. Amenazan con “torturar, matar y descuartizar a los putos ratas que ya tenemos ubicamos (sic)”. Prohíben transitar en camionetas con vidrios polarizados (muy extendidas en la zona) y anuncian una “limpia total”, sobre todo de vendedores y consumidores de cristal.
Lo sucedido en el crucero de San Javier es apenas una muestra de lo que se vive en la región. El 22 de julio, 18 familias choles de ranchería Corazal fueron desalojadas de sus tierras por los criminales. Se refugiaron en la comunidad de Salvador Allende, en los límites con la localidad de Amador Hernández. El 28 de agosto hicieron lo mismo con 34 familias de San Gregorio, que se asilaron en Ocosingo. Allí se encuentra una pista de aterrizaje estratégica y es, además, la ruta para llegar a las impresionantes cascadas del río Negro y a una zona arqueológica sin explorar.
El 6 de septiembre, las autoridades de Nueva Palestina dirigieron un oficio al presidente López Obrador en el que denuncian las agresiones que viven a manos de un comando vinculado al cártel de Sinaloa del Mayo Zambada. Un día antes, los sicarios entraron a las oficinas del comisario de la comunidad, agredieron a elementos de la policía rural y notificaron que tomarían el control del pueblo.
No es exagerado afirmar que el territorio de la Lacandona ha sido invadido por la delincuencia organizada. Se ha apoderado de su selva. Los narcos han abierto pistas de aterrizaje clandestinas para trasiego de cocaína. Controlan el tráfico de indocumentados. Cobran derecho de piso a pequeños comerciantes y cuotas a prestadores de servicios turísticos. Realizan desalojos forzosos de cientos de familias. Amenazan de muerte a dirigentes comunitarios. Esclavizan a jóvenes centroamericanas para que ejerzan la prostitución. Simultáneamente, la cultura “norteña” –como se le conoce en la región–, con sus corridos tumbados y narcocorridos, florece en los pueblos, al tiempo que se extiende el consumo de cristal, mariguana y crac. Han surgido pandillas de muchachos que usan paliacates de colores como distintivo.
El 7 de agosto, más de 3 mil pobladores de Nueva Palestina, con letreros a mano sobre cartulina, exigían “¡Fuera cárteles!” y “¡No más polleros!”, recorrieron 3 kilómetros, denunciaron el obro de derecho de piso. El 8 de septiembre, el pueblo de Frontera Corozal marchó pacíficamente contra el crimen organizado y para exigir seguridad. La manta de su descubierta decía: “Sr. Presidente de la Rep: exigimos seguridad a la zona lacandona, particularmente en Frontera Corozal”.
Desde 2008, para lograr paz y seguridad, y dejar atrás la sombra de la masacre de Viejo Velasco, la comunidad lacandona ha realizado una absorbente e incesante labor de diálogo y reconciliación con los 52 ejidos que la rodean. Está pendiente la firma de un decreto de reordenamiento territorial y promulgación que crearía condiciones para restablecer nuevas bases de convivencia en la zona. La guerra de los cárteles contra los pobladores de la selva es un escobazo al avispero de los conflictos intercomunitarios que descarrila la posibilidad de una convivencia pacífica.
El crimen organizado avanza en la comunidad lacandona. Busca apropiarse del territorio, reclutar a los jóvenes, desarticular el tejido asociativo y estrechar el cerco sobre los pueblos en rebeldía. Las luces de alarma están prendidas.
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