Ciudad de Guatemala. La fiscalía guatemalteca allanaba el martes dos sedes del Tribunal Supremo Electoral en busca de información como parte de una serie de investigaciones abiertas contra ese organismo tras la elección que llevó al progresista Bernardo Arévalo a la presidencia.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos. Ambos fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.

Los lugares donde se realizaban los allanamientos son el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria. El primero resguarda el registro de los partidos políticos y el segundo las boletas usadas en la segunda ronda presidencial.

La fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral confirmaron las diligencias pero el Ministerio Público se negó a informar sobre qué denuncia realiza los allanamientos. En el lugar se podían observar a decenas de agentes policiales y funcionarios de la fiscalía.

El juez Fredy Orellana, también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos, autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar los datos de computadoras portátiles y de escritorio, memorias, tabletas y teléfonos.

Arévalo ha denunciado que la Fiscal General Consuelo Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por los mismo cargos que Curruchiche y a quien le retiraron la visa de entrada a ese país, está detrás de un “golpe de Estado” encaminado a evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero.

La víspera el presidente saliente Alejandro Giammattei le dijo a Arévalo que asumirá la presidencia como está previsto “y si es necesario mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.

Giammattei aclaró que “una cosa son las elecciones y otra son los procesos de orden judicial… no pueden impedir que nadie asuma”.

El proceso electoral que se ha desarrollado desde enero de 2023 ha sido uno de los más accidentados del país centroamericano de los últimos años y estuvo judicializado casi desde el inicio. Las acciones de la fiscalía recrudecieron luego del 25 de junio cuando, en la primera vuelta electoral, Arévalo logró pasar al balotaje para enfrentarse a la ex primera dama Sandra Torres, a quién venció con poco menos del doble de los votos emitidos y quien no ha aceptado la derrota.

Varios organismos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por las acciones de la fiscalía por considerar que busca amedrentar al ente electoral.