Monterrey, NL. Diputadas locales y alcaldes del PAN y del PRI en Nuevo León acudieron a la Cámara de Diputados en San Lázaro, para denunciar al gobernador Samuel García Sepúlveda de ejercer “terrorismo político” en su contra, por lo que solicitaron la intervención de la legislatura federal.

En conferencia conjunta, las legisladoras y ediles, exigieron al mandatario estatal cesar las amenazas y el acoso en su contra y dejar de utilizar el aparato del Gobierno local para atacar a quienes considera sus adversarios políticos.

La diputada del PAN, Myrna Grimaldo, acusó que desde el mes de mayo ha sido acosada por el Gobierno local, al clausurarle un despacho que data de hace 20 años, reducir el agua en casa de familiares y despidos injustificados de sus parientes en empresas privadas, a cuyos propietarios amenazaron.

El fondo es el reclutamiento forzoso de diputados locales, pues Movimiento Ciudadano inició con 5 legisladores, y a través del acoso de la Administración local, MC pasó a 11 legisladores en el Congreso local.

La también legisladora albiazul, Cecilia Robledo Suárez, afirmó que ha sido víctima de violencia política en razón de género, ya que la bancada naranja en el Congreso local la ha desconocido como diputada y le han negado el acceso a su curul.

Denunció que en su lugar pretende colocar al ex subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Flores, quien obtuvo la mitad de votos que ella. Para ello, agregó, buscan saltarse a otras cinco mujeres que se encuentran en la lista y que obtuvieron más votos que él.

La priista Perla Villarreal acusó a Samuel García de utilizar las instituciones del Estado para amedrentarla mediante el cierre de los negocios de su familia y amigos. Sostuvo que incluso ha llegado al extremo de clausurar negocios de desconocidos sólo por llevar su apellido.

Informó que, ante ello, recibió una orden de protección para ella y para su familia, pero el Gobernador solicitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su suspensión, la cual fue concedida. No obstante, confió en que cuando el Máximo tribunal conozca de fondo el caso, le dará la razón.

La legisladora priista, Lorena de la Garza, acusó a Samuel García de acosarla desde el mes de noviembre del año pasado, lamentó que a pesar de que Nuevo León vive una crisis de movilidad y por falta de agua, el Gobernador decida utilizar las instituciones del Gobierno local para atacar a la Oposición.

“Hoy, Nuevo León vive la peor crisis por la falta de agua y el Gobernador decide utilizar la institución que debe garantizarnos agua, que es Agua y Drenaje, para ir a cometer actos de intimidación contra los que él piensa que son sus adversarios.

“Hoy. Nuevo León tiene una crisis en el sector de salud, los hospitales y clínicas municipales no tienen ni curitas, no tienen mejoralitos, no tienen aspirinas, y el Gobernador decide utilizar la Secretaría de Salud para amenazar, intimidar y clausurar los negocios de las familias de las y los diputados de Nuevo León”, sostuvo.

El alcalde panista de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, señaló que son los Gobiernos municipales, los que se han hecho cargo de rubros como agua, infraestructura escolar y transporte.

Sostuvo que si bien sabían que vendrían ataques por parte de García Sepúlveda, cuando le reprocharan lo anterior, el "terrorismo político" emprendido por el Gobernador ha rebasado cualquier expectativa.

“Hoy por hoy, como un buen Nerón, quemándose el pueblo, él tocando un violín, está vendiendo a todo México que en Nuevo León ya no hay crisis de agua, que puso dos presas, que hay como 25 líneas del metro y que las escuelas se viven como si fueran colegios privados, no hay peor mentira”, afirmó.

La alcaldesa priista de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, dijo "ya basta" y demandó al Gobernador respetar el Estado de Derecho y la división de poderes, a fin de que existan las condiciones para la coordinación entre el Gobierno local y los municipios, sobre todo los gobernados por la Oposición.

Legisladoras y alcaldes acusaron que actualmente hay 130 decretos aprobados por el Congreso que García Sepúlveda se ha negado a publicar, mantiene vetadas 200 iniciativas de ley, además de que busca tener mayoría en el Congreso local para que éste le autorice la licencia para poder competir por la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.