Ciudad de México. Alrededor de 3 mil inmuebles, que representan 95 por ciento de los construidos en Benito Juárez en los pasados 22 años, son “ilegales y representan un riesgo” para las edificaciones aledañas al no respetar la separación de colindancias sísmicas que establece el reglamento en la materia, denunciaron vecinos.

El incumplimiento de esta norma, alertaron, puede provocar graves daños a los inmuebles en un sismo de gran magnitud al “friccionarse con los que los rodean”.

Las autoridades, sin embargo, no verifican que se cumpla con esa separación, que depende de la altura del inmueble y el tipo de suelo donde se construirá un edificio o se reconstruirá, lo que “lleva a que no exista o sea menor a la establecida en el reglamento”, afirmaron.

En la presentación de un documental donde ubicaron esos 3 mil inmuebles, entre ellos los localizados en Zempoala 451, Serafín Olarte 191, Isabel La Católica 1155, Eje Central Lázaro Cárdenas 404 y calzada de Tlalpan 590 y 998, señalaron que la no separación de colindancias y el incumplimiento del Reglamento de Construcciones los hace “ilegales y peligrosos”.

Lo que les viene en gana

Ricardo Guerrero, residente de la colonia Américas Unidas, apuntó que “por más de dos décadas las desarrolladoras y los constructores han hecho lo que les ha venido en gana en contra del patrimonio y vida de quienes aquí vivimos”.

Tener a su disposición a los alcaldes en turno, cuyas direcciones de Obras y de Desarrollo Urbano encubren cada una de las fechorías que los vecinos denunciamos, ha permitido que entreguen la autorización de uso y ocupación a inmuebles ilegales, sostuvo.

Dicho documento, necesario para vender, escriturar e inscribir en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, dijo, ha permitido a la alcaldía “recibir de 2 a 10 millones de pesos libres de polvo y paja; la mejor fuente de financiamiento para las campañas políticas de Acción Nacional”.

Sin embargo, las cinco instituciones capitalinas que deben revisar, controlar, vigilar y sancionar los procedimientos administrativos de las construcciones autorizadas por la alcaldía “la encubren y protegen, porque no intervienen”, indicó.

Ante ello, “más de 30 mil ciudadanos que compraron un departamento viven en riesgo o podrían recibir una demanda de las edificaciones aledañas de resultar afectadas por un sismo, por no cumplir con el Reglamento de Construcciones”, estimó.

Guillermo Meixueiro comentó que “estamos haciendo una nueva relatoría de los responsables de esta densificación salvaje en Benito Juárez, pues mucho del dinero que va a las campañas políticas está relacionado con el dinero de inmobiliarios”.