Ciudad de México. La visión del gobierno federal quedó muy lejos para atender a los migrantes de los países de Centroamérica que buscaban llegar a Estados Unidos a través de su paso por México, señaló la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).
Al presentar el Informe 2021-2022, titulado "Esperanza en el camino: La Redodem en un país de impunidad, militarización y violencias”, reiteró el llamado “urgente” a las autoridades para revisar y replantear la forma en que se gestiona la migración en México para garantizar el respeto y la protección de todos los derechos humanos de las personas.
En las conclusiones, Guillermo Yrizar Barbosa, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, Puebla, apuntó que la gestión migratoria requiere de una verdadera política de Estado, que trascienda administraciones e involucre y corresponsabilice a todos los órdenes de gobierno, poderes públicos y sectores que integran el país, una política que reconozca con base en evidencia, como esta, la complejidad de la realidad migratoria en México, como un país expulsor, de tránsito y destino, con perfiles migratorios diversos, con necesidades de protección especial para quien necesita generara alternativas migratorias efectivas reconocidas y recetadas por todas las autoridades para un tránsito libre y seguro.
“Así como garantizar condiciones dignas de atención a las necesidades más básicas y de protección que enfaticen los derechos de vida, a la dignidad e integridad”.
Entre las principales conclusiones y hallazgos de la Redodem en su documento destacó que la movilidad humana en México es una realidad compleja, impulsada por diversas causas que requieren enfoques integrales basados en los derechos humanos. Añadió que las estrategias de contención y militarización no abordan las raíces del problema y exponen a las personas a mayores riesgos y vulneraciones. “Las políticas de contención y criminalización aumentan la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas, forzándolas a transitar rutas peligrosas controladas por grupos criminales”.
Reiteró que la movilidad humana en México evoluciona con un perfil más diverso en términos de género, origen y composición familiar. “Aunque persisten flujos mayoritarios de varones centroamericanos, la inclusión de diferentes grupos exige respuestas especializadas para su protección”.
Pero no sólo eso, destacó que la sociedad civil defensora que aporta estos datos desempeña un papel crucial en la protección y defensa de los derechos de las personas en tránsito. “A pesar de amenazas y riesgos, su labor es esencial para llenar vacíos dejados por las autoridades, que incumplen con sus obligaciones legales en materia de derechos humanos”.
La Redodem urgió una transformación en la gestión migratoria de México, basada en los derechos humanos y enfoques inclusivos. “Una política migratoria de Estado debe involucrar a todos los niveles y sectores, basarse en datos concretos y abordar la diversidad de necesidades y circunstancias”.